En los últimos siete años, la proporción de causas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que son archivadas pasó de un 61,1% en 2017 a un 74,3% en 2024, de acuerdo con un estudio de Fundación Amparo y Justicia basado en datos del Ministerio Público.
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Según el informe, el archivo se ha convertido en la salida más frecuente en las investigaciones de este tipo de agresiones, lo que preocupa a la organización. “El archivo de una causa no significa que no haya ocurrido un delito. Nos preocupa que esta respuesta institucional se esté debilitando y que las víctimas pierdan acceso a la justicia”, señaló Loreto Moore, directora ejecutiva de la fundación.
Investigación compleja y diligencias tardías
El estudio identifica factores que explican esta tendencia, como la dificultad de investigar abusos cometidos en entornos digitales o por agresores desconocidos, y la aplicación tardía de diligencias clave, como la entrevista investigativa videograbada. Nicolás Pietrasanta, jefe de Estudios y Políticas Públicas de la fundación, sostuvo que es “urgente contar con criterios definidos para decretar el archivo de causas” y con instancias de revisión internas y externas que permitan evaluar y, si es necesario, reconsiderar estas decisiones.
La entrevista investigativa videograbada, implementada en Chile desde 2019 bajo la Ley 21.057, busca obtener testimonios de calidad y proteger a las víctimas. Sin embargo, en 2024 solo el 40,1% de los denunciantes accedió a esta técnica, y en el 57,8% de esos casos se aplicó más de un mes después de la denuncia, muy por encima de los plazos recomendados internacionalmente, que oscilan entre 7 y 15 días.
“Su uso oportuno aumenta significativamente las probabilidades de que un caso avance en el proceso penal”, afirmó Pietrasanta, citando evidencia recogida junto a Fundación Paz Ciudadana.
Crecimiento sostenido de denuncias
Entre 2006 y 2024, las denuncias por delitos sexuales contra menores se cuadriplicaron, pasando de 9.693 a 40.754 casos anuales. El 87,6% de las víctimas en 2024 tenía entre 6 y 17 años, y el 12,4% eran menores de 6 años, lo que podría evidenciar dificultades para detectar abusos en la primera infancia.Además, el 82% de las víctimas fueron niñas o adolescentes mujeres, aunque los casos que involucran a varones crecieron del 13,9% en 2022 al 18% en 2024.
En cuanto a la distribución territorial, las regiones con mayores tasas de denuncias fueron Arica y Parinacota, Aysén y Ñuble.