El pasado viernes 15 de agosto, funcionarios de Gendarmería del Complejo Penitenciario de Valparaíso confirmaron la fuga desde el recinto carcelario de tres reos. Identificados como Juan González, Jairo González y Claudio Fornes, los reos cumplían condenas efectivas por delitos como el asesinato del suboficial mayor David Florido y la fotógrafa Albertina Martínez.
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Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) enviaron un comunicado de prensa para manifestarse ante este hecho, en donde acusaron la fragilidad y colapso del sistema penitenciario.
“Como Oficiales de Gendarmería hemos advertido en reiteradas ocasiones a las autoridades de Gobierno la fragilidad del sistema penitenciario, que se encuentra literalmente en una situación de colapso ante el hacinamiento histórico, la falta de personal y la deteriorada infraestructura”, afirmaron.
Con respecto a la cárcel de Valparaíso informaron que para el año 2022 mantenía una población promedio de 2.300 internos y para el 31 de julio del presente año totalizan 3.578. Dicho recinto solo cuenta con 1.854 plazas, lo que significa que están en un 192% de ocupación con una dotación de funcionarios disminuida a 35 funcionarios, lo que “se traduce en turnos extenuantes y agobiantes para nuestro personal”.
El llamado de la ANOP al Gobierno
“A inicios de 2022, la población encarcelada en el país era de 38.752 internos/as, los que según datos de Gendarmería, al 31 de julio de este año alcanzan 61.137, en el sistema cerrado (cárceles), que se ha traducido en niveles históricos de hacinamiento, con recintos por sobre el 300% de ocupación”, detallaron en el texto compartido por Radio Biobío.
Por consiguiente, desde la ANOP señalaron que esta situación “mantiene a la población penal en condiciones deplorables que constituyen una vulneración constante de sus derechos humanos, y que sin duda han precarizado enormemente las condiciones laborales del personal de Gendarmería, que a pesar de las posibles fallas que en ningún caso se pretenden justificar, realizan un tremendo esfuerzo por sostener el sistema penitenciario”.
Sobre el sistema penitenciario señalaron que se encuentra “abandonado por el Estado y los Gobiernos de turno, que son incapaces de prever y proyectar el sostenido aumento de la población penal y la instalación del crimen organizado en las cárceles del país y con ello, implementar soluciones efectivas a la grave problemática, lo que tiene un impacto directo en la seguridad pública, por lo que las responsabilidades también deben ser asumidas por quienes tienen las obligaciones de dotar a Gendarmería de los recursos suficientes”, continuó el comunicado.
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“Ante esta difícil realidad, advertimos que el sistema penitenciario se encuentra expuesto a hechos aún más graves, como las planificaciones de fugas masivas en recintos de la zona norte mediante la utilización de explosivos, puesto que las capacidades de los recintos se encuentran largamente superadas”.
El comunicado lo cerraron con un llamado urgente al Gobierno para “generar un aumento significativo de la dotación y corrección de la carrera funcionaria; la ampliación de la infraestructura carcelaria; y dotar de tecnología y sistemas que eviten al máximo las fugas o libertades erróneas como ha venido ocurriendo lamentablemente, puesto que estos hechos afectan la seguridad pública y de la ciudadanía”.