Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario responsable del asesinato del “Rey de Meiggs”, hizo potentes declaraciones tras su captura en Colombia, tras haber sido liberado por error en Chile.
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Mientras era custodiado por la Interpol, Mejía acusó que su liberación fue un intento de asesinato en su contra, afirmando: “¿Para qué me soltaron (en Chile)? Para matarme”.
La captura de Mejía se concretó el pasado sábado en Medellín, gracias a un trabajo coordinado entre el OS-9 de Carabineros, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.
Una liberación polémica
La controversia en torno a la liberación de Mejía se intensificó al conocerse que se había presentado ante la justicia con un nombre falso. Este engaño pasó desapercibido inicialmente porque la asignación de RUT provisorio no está asociada a datos biométricos ni fotografías, lo que impidió que las autoridades pudieran verificar su identidad de manera eficaz.
La falta de un cruce de información entre las distintas policías también contribuyó a que el error se prolongara.
En el registro de su detención, revelado por Meganoticias, Mejía fue cuestionado sobre su arrepentimiento por el asesinato del empresario José Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. Su respuesta fue evasiva: “Según ustedes, él era empresario”.
La jueza
A finales de julio, se reveló que la jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, enfrenta una imputación por el delito de prevaricación culposa relacionada con la liberación irregular de un sicario implicado en el asesinato del conocido “Rey de Meiggs”.
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La magistrada ya declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) sobre la excarcelación de Carlos Alberto Mejía Hernández, quien fue formalizado por este crimen.
La pesquisa gira en torno a una supuesta “negligencia grave o ignorancia inexcusable” por parte de la jueza al decidir la liberación del homicida.
El 26 de julio, el Poder Judicial tomó la decisión de suspender a Rodríguez de sus funciones. En una defensa ante los medios, la jueza hizo hincapié en las fallas de Gendarmería, argumentando que no se “cotejaron” los oficios que provenían del 8° Juzgado de Garantía. Además, indicó que la resolución que revocaba la prisión preventiva no debía ser enviada a dicha institución.