La Fiscalía Regional de Antofagasta requirió este miércoles en los tribunales nortinos la pena de 10 años y un día de presidio efectivo para la desaforada diputada Catalina Pérez, por una serie de delitos de fraude al fisco vinculados a su participación en la asignación de fondos públicos a la fundación Democracia Viva.
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El caso, una de la aristas en las indagatorias judiciales a nivel nacional por delitos vinculados con pagos del aparato estatal a diversos convenios con fundaciones irregulares, también involucra a otros imputados, entre ellos, la expareja de la parlamentaria, Daniel Andrade; el renunciado Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; y la exconcejal Paz Fuica, por quienes el persecutor también solicitó condenas de presidio de 10 años y un día.
Los delitos imputados a Catalina Pérez
Del mismo modo, el Ministerio Público solicitó en tribunales el pago de “una multa de la mitad del perjuicio causado, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.
Pérez, según indicaron esta mañana en emol.com, es acusada por “tres delitos consumados de fraude al fisco”, todos ellos, en el rol de cabeza de una operación que buscó defraudar al fisco “para que se concretaran los convenios por 426 millones de pesos, que suscribió el Seremi de Vivienda en Antofagasta, cuya titularidad recaía en Carlos Contreras, con Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade”.
Junto a las penas de presidio, pago de multas e inhabilitación perpetua, el persecutor solicitó otra serie de condenas para la diputada, Andrade, Contreras y Fuica.
Todas ellas, vinculadas al ejercicio de cargos, empleos, oficios o profesiones “en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”.