El segundo trimestre de este año cerró con una cifra sin precedentes en causas penales presentadas en Chile por consumidores que sufrieron fraudes en diversos comercios nacionales.
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Según datos recopilados por la consultora Sheriff, fintech criolla especializada en prevención de fraudes, el total de casos judicializados a nivel nacional alcanzó a las 16.435 denuncias, lo que representa un aumento histórico del 89,8% respecto del mismo periodo del año pasado (8.718 casos en Q2 2024).
Alarmantes cifras de fraudes en Chile
Esta cifra representa el mayor número de fraudes penales reportados durante un solo trimestre desde que existen registros sistematizados del ilícito, superando los 12.671 casos del Q4 de 2024 y los 10.886 del Q1 de 2025.
Lo que se traduce en una tendencia al alza clara y preocupante para los expertos y analistas de la consultora. ”Estamos ante un crecimiento preocupante y acelerado de la judicialización por fraude. Las cifras del segundo trimestre no solo superan todos los récords, sino que confirman que el fraude es una amenaza persistente y cada vez más masiva en Chile”, señaló el CEO de Sheriff, Vicente Cruz.
Estamos ante un crecimiento preocupante y acelerado de la judicialización por fraude
— Vicente Cruz
“Es imperativo que las empresas no solo eleven sus estándares de seguridad”, advierte Cruz, quien recomendó a la industria nacional fortalecer “sus procesos de evaluación de riesgo KYC y KYB para prevenir de manera efectiva estos delitos”, que en el último tiempo ha crecido exponencialmente en materia de sofisticados métodos de fraude digital.
Un incremento delictual que supera muchas veces la capacidad de reacción de las propias víctimas. “Por eso, es clave tener a mano fuentes de información y herramientas predictivas para anticiparse”, enfatizó Cruz.
El fraude se descentraliza en Chile
El informe de la consultora también evidenció que sólo en la primera mitad de este año ya se registraron 27.321 causas, lo que representa el 72,19% del total de todo 2024, cuando se alcanzó a las 37.844 denuncias por fraude en tribunales. Y de mantenerse esta tendencia, los expertos anticipan que en el país se romperá nuevamente su récord anual.
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Las cifras también revelan un cambio en la distribución geográfica del fraude. Aunque la Región Metropolitana sigue liderando en volumen de casos, su participación bajó de un 44,43% en 2019 a 35,19% en 2025; mientras que regiones como Maule y O’Higgins muestran un crecimiento explosivo, alcanzando el 22,29% y 11,96% respectivamente. En contraste, Valparaíso y Biobío han perdido peso relativo, mostrando un cambio en los focos de operación de los delincuentes.
1.- Región Metropolitana: 35,19%
2.- Región del Maule: 22,29%
3.- Región de O’Higgins: 11,96%
4.- Región de Antofagasta: 5,79%
5.- Región de Valparaíso: 4,93%
6.- Región de Araucanía: 4,27%
7.- Región de Los Lagos: 3,44%
8.- Región de Biobío: 2,93%
9.- Región de Coquimbo: 2,61%
10.- Región de Los Ríos: 2,11%
11.- Región de Atacama: 1,59%
12.- Región de Ñuble: 1,16%
13.- Región de Aysén: 0,76%
14.- Región de Tarapacá: 0,47%
15.- Región de Magallanes: 0,32%
16.- Región de Arica y Parinacota: 0,17%
“Cuando vemos que regiones como el Maule registran alzas tan significativas, nos queda claro que el fraude no conoce de centralización. La amenaza es nacional y requiere una respuesta que esté a la altura de esta nueva realidad”, argumentó Cruz.
Del listado, cabe destacar, las estafas y defraudaciones lideran el aumento en este tipo de delitos, representando el 72,8% de los casos. El uso malicioso de tarjetas subió al 16,45%, reflejando el avance del fraude digital. Por su parte, la apropiación indebida se mantiene como el tercer delito más común, con un 8,47%.
“La prevención es la mejor estrategia. Usar tecnología para anticiparse a fraudes no es una opción, es una necesidad urgente en este nuevo escenario de aumento histórico. Establecer criterios internos para filtrar y tomar decisiones sobre la base de los antecedentes históricos de empresas y/o personas con las que hacemos negocios es una buena medida para prevenir potenciales actos fraudulentos, ya que la judicialización de las causas de fraude brinda la información necesaria para crear esa política interna”, concluye Cruz.