La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó el sobreseimiento definitivo del Presidente Gabriel Boric tras ser acusado de contratar un abogado defensor con dineros públicos cuando declaró en calidad de imputado en el caso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
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En dicha investigación se está indagando un presunto fraude al fisco por la firma de un contrato de compraventa del hogar de Allende, aunque una de las dueñas era la ministra de Defensa, Maya Fernández, cuando ostentaba dicho cargo.
En enero pasado, la Presidencia de la República contrató a Jonatan Valenzuela Saldías por el monto de 350 UF, lo que actualmente sería casi $14 millones de pesos, para que defendiera al Mandatario, según lo informado por Biobío. Gabriel Boric declaró como imputado el pasado 28 de marzo en La Moneda.
Debido a esta contratación, el representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, ingresó una acción penal donde acusó una presunta malversación de caudales públicos. Él señaló que la defensa de funcionarios con arcas fiscales autorizada por la Controlaría, solamente aplica para funciones legítimas dentro del ejercicio de sus tareas.
“El contrato de compraventa (…) se realizó al margen de la Constitución y las leyes, por lo que corresponde a una actuación ilegítima”, afirmó el abogado.
La audiencia de sobreseimiento definitivo
El martes pasado, el fiscal adjunto Ricardo Soto, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, realizó una solicitud al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con el fin de fijar una audiencia de sobreseimiento definitivo al Presidente. Esta fue agendada para el 14 de noviembre a las 9 AM en el Centro de Justicia.
El abogado querellante Raimundo Palamara se opuso a través de un escrito señalando que sería contrario al Código Procesal Penal, debido a que la indagatoria no está formalizada. Al medio citado, él dijo que es una “buena noticia para los políticos corruptos”.
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“Si Gabriel Boric no tenía dinero para pagar su defensa a fin de justificar la venta de la casa a quien era su ministra y a la exsenadora, debía recurrir a la Defensoría Penal Pública y no seguir abusando de su posición”, añadió el abogado.
Por su parte, el abogado que fue contratado por el Presidente, Jonatan Valenzuela, no entregó antecedentes por el momento. Mientras que el Ministerio Público no ha anunciado formalizaciones en la causa que se abrió en enero.