La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido para la fijación de precios.
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En el organismo detallaron que la colusión se habría producido, “al menos entre los años 2012 y 2021″, por lo que solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62 406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51 870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos responsables.
En un comunicado, la FNE indicó que “para lograr su objetivo, los representantes de las compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla”.
Asimismo, detallaron que “las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada, y retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo del recurso que va desde julio a noviembre de cada año”.
La FNE explicó que “estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos”.
En la investigación se constató por parte de la FNE que, “como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores”.
La Fiscalía Nacional Económica sostuvo que indagatoria dio “cuenta de que esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la región de Magallanes que extraen este recurso, quienes recibieron menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas”.
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Investigación
Según detalló la FNE, la investigación comenzó en julio del año 2020, “luego de una denuncia, utilizándose todas las herramientas que confiere la ley para perseguir la colusión. Incluso, en febrero de 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en este cartel y aportaron información útil para acreditarlo”.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, manifestó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.