El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se refirió oficialmente al caso de Bernarda Vera, inscrita desde 1991 en el Informe Rettig como detenida desaparecida, luego de que reportajes periodísticos pusieran en duda la veracidad de su muerte y señalaran que se encontraría viva en Argentina. El anuncio reabrió un debate histórico y jurídico en torno a las víctimas de la dictadura militar y al propio Plan Nacional de Búsqueda.
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Han pasado más de 50 años desde que el nombre de Bernarda Vera, profesora primaria, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, fue incluido en los registros oficiales. El documento consigna que fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia, y que habría sido ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén. Desde entonces, su familia la buscó sin descanso, recibiendo incluso reparaciones del Estado, entre ellas una pensión.
Sin embargo, una investigación reciente de Chilevisión asegura que Vera logró huir y rehacer su vida en el extranjero. Testimonios como el de José Bravo, exmilitante del MIR, sostienen que la mujer escapó hacia la montaña con un grupo liderado por el sueco Svante Grande, conocido como “Julio”. Ese grupo habría cruzado a Argentina y, más tarde, algunos se habrían asentado en Suecia.
De hecho, documentos del Servicio de Migraciones sueco señalan que en 1978 se entregó un visado y residencia a una persona identificada como Bernarda Vera, quien en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca. Con ello perdió su documentación chilena. Posteriormente, habría regresado a Argentina, donde continuó su vida.
Frente a estas revelaciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un extenso comunicado oficial para abordar el caso. “Respecto al reportaje emitido por Chilevisión Noticias, con fecha 28 de septiembre de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunica lo siguiente: El caso ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024”, indicaron.
La cartera precisó que durante esa indagatoria se identificaron “incongruencias en los relatos de algunos testimonios”, lo que llevó a solicitar información a diversas instituciones nacionales e internacionales. “Ante esas incongruencias en los relatos, desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima”, añadieron.
El escenario cambió en abril de 2025, cuando se pidió nuevamente información a Cancillería y, un mes después, el Estado sueco aportó documentos. Sin embargo, el Ministerio fue enfático: “Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como ‘Bernarda Vera’ con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria (…) don Álvaro Mesa Latorre, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda”.
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Asimismo, se informó que la familia fue notificada en enero y que los antecedentes también se compartieron con el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda en mayo pasado.
El comunicado cerró destacando que “el Plan Nacional de Búsqueda ha permitido avanzar en la reconstrucción de trayectorias de las víctimas de los horrorosos crímenes de la dictadura, perfeccionando y profesionalizando estos procesos. Seguiremos trabajando en pos de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero destacó este lunes que “el Gobierno está estudiando una querella” respecto a este caso. En esa misma línea aclaró que “la hija de Bernarda Vera y su familia (en Chile) han actuado de buena fe y con total desconocimiento” de la irregularidad. Por lo mismo, hizo un llamado a la prudencia y al respeto en las opiniones.