El pleno de la Corte Suprema, luego de reunirse de forma extraordinaria este martes 30 de septiembre, rechazó la remoción del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, quien se encuentra suspendido por esta misma investigación que lo vinculan al abogado y principal imputado del caso Audios, Luis Hermosilla.
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Según detallaron desde el Poder Judicial, luego de someter “el asunto a votación, no se alcanzó el quorum que exige la norma constitucional citada, esto es, la mayoría de los componentes de esta Corte Suprema. En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo”.
Entre los ministro de la Suprema que estuvieron por la remoción de Ulloa están el presidente, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, María Soledad Melo, Mireya López y la ministra suplente, Eliana Quezada.
Por su parte, las juezas María Angélica Repetto, Adelita Ravanales y María Teresa Letelier, además de sus pares Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva y Diego Simpértigue estuvieron por la permanencia de Antonio Ulloa en el Poder Judicial.
El proceso disciplinario en su contra, en tanto, se inició producto del destape del caso Audios, enfrentando cargos por faltas a la probidad al participar en una causa en la que intervenían los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso, pese a su cercanía con ambos; además, se le acusa de filtrar actas reservadas con nombres de candidatos a altos cargos judiciales e intervenir en la resolución que sacó al juez Daniel Urrutia de un caso contra el expresidente Sebastián Piñera, pese a su animadversión con el magistrado, la cual quedó en evidencia en sus chats con Hermosilla.
Acusación constitucional
Desde el oficialismo en el Congreso, por su parte, señalaron que estudiaran avanzar en una Acusación Constitucional en contra de los jueces que no se inhabilitaron en la causa contra Antonio Ulloa.
El diputado socialista, Daniel Manouchehri, sostuvo que junto al Frente Amplio y el PPD van “a estudiar, avanzar en una Acusación Constitucional en contra de los jueces que no se inhabilitaron y faltando a su deber de probidad habrían vulnerado la constitución”.
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Daniela Cicardini, en tanto, agregó que “el poder judicial había asumido un compromiso con respecto a la limpieza profunda que había que hacerse, y hoy día ha dado una mala señal. Hoy día creo que se instala la corrupción, hoy día se instala la duda y la suspicacia razonable por parte de los chilenos y chilenas”.
La diputada Camila Musante, en tanto, sostuvo que la medida no dice relación con el periodo electoral, asegurando que “se trata de que nosotros tenemos que utilizar las herramientas que la Constitución nos otorga frente a estos casos. Esperaríamos hacerlo lo más pronto posible, por supuesto. Esto acaba de ocurrir el día de hoy, se están analizando los antecedentes”.