Así lo dio a conocer el presidente del CDE, Raúl Letelier, quien aseguró a El Mercurio que “no se observan conductas constitutivas de delito” por parte del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en el caso Procultura.
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La decisión fue adoptada de manera unánime por el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que optó por no querellarse en contra de la autoridad regional.
El abogado de Orrego, Ciro Colombara, por su parte, valoró la decisión del CDE y cuestionó el trabajo de la Fiscalía, indicando que “lo cierto es que los abogados Castro y Ríos de la Fiscalía de Antofagasta han cometido una y otra vez errores. Se equivocaron en dónde presentar su solicitud de desafuero, incluso fueron condenados en costas”.
Asimismo, sostuvo que “han inventado conceptos jurídicos inexistentes, hablan de delitos pluri-ocasionales o pluri-locales. Han presentado un desafuero lleno de errores conceptuales básicos y que tiene una manifiesta falta de fundamento. Han intentado figurar públicamente vulnerando el principio de objetividad: han perdido el rumbo“.
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, se encuentra investigando a Claudio Orrego por su eventual participación en los delitos de cohecho y fraude al fisco, por un convenio en que Procultura se adjudicó más de $1800 millones para la realización de proyectos, de los cuales $1000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.
El querellante, Pablo Toloza (UDI), en tanto, sostuvo que el CDE, “un organismo técnico creado para defender el patrimonio fiscal, tome decisiones políticas y no jurídicas es francamente lamentable”.
En ese sentido, señaló el abogado que “más lamentable aún que estas las dé a conocer a la opinión pública, arrogándose la facultad de determinar si una persona, un imputado, es o no culpable. Esa es una facultad exclusiva de los tribunales de justicia”.
Respecto de la solicitud de desafuero contra el gobernador Orrego, la Corte de Apelaciones de Santiago aún no ha fijado una fecha para la audiencia.