El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las acciones judiciales que presentaron representantes de la derecha en su contra por el caso de Bernarda Vera, exmilitante del MIR que figuraba como detenida desaparecida y que viviría en Argentina.
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El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, presentó un denuncia contra el secretario de Estado, mientras que el Partido Nacional Libertario se querelló por una presunta omisión de Cordero.
El ministro de Seguridad Pública espera que “estas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar a la hija, que es una víctima, y poner en entredicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Si son concertadas, me parece un negacionismo vergonzoso”.
Cordero añadió que la hija de Bernarda Vera “es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente”.
Asimismo, el ministro advirtió que “cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, o en otros términos, si se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito, que se llama denuncia calumniosa“.
Respecto a la querella del PNL, que acusa obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación a la hija de Vera, señaló “que es conveniente revisar los antecedentes antes de cometer no sólo una acción indebida, sino que un acto que refleja una falta de humanidad pocas veces vista en el último tiempo en nuestro país”.
Trabajo de la Cancillería
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, sostuvo que las gestiones respecto con Bernarda Vera se efectuaron a través de los consulados en Argentina y Suecia desde 2024, añadiendo que no existe un registro completo de ciudadanos chilenos en el exterior, por lo que se trabaja principalmente mediante las actuaciones consulares de cada persona.
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Bernarda Vera figura en los registros nacionales como detenida desaparecida desde octubre de 1973, luego de ser detenida en Panguipulli por la dictadura cívico-militar. Sin embargo, reportes periodísticos indican que habría logrado escapar a Argentina y luego residir temporalmente en Suecia, antes de regresar al país trasandino.
Víctimas de la dictadura
El pasado viernes 29 de agosto, el Gobierno dio a conocer los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera política del Estado de Chile con el objetivo de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Agusto Pinochet.
Según informó el Ejecutivo, “dentro de los avances del plan, se encuentra la publicación de la primera nómina oficial de 1469 víctimas de desaparición forzada, la creación de un mapa georreferenciado de sus últimas trayectorias conocidas y más de 100 diligencias en terreno, que incluyen excavaciones, entrevistas, acompañamiento psicosocial a familiares y revisión de archivos y peritajes forenses, tanto judiciales como extrajudiciales”.
Asimismo, informaron que “se entregaron Carpetas de Calificación de víctimas a cerca de 150 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, las cuales reúnen documentación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, como antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas, entre otros”.