Escolta policial las 24 horas del día y todos los días de semana, son parte de las medidas de resguardo que se han establecido en torno al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, luego que se presentara una denuncia ante la Fiscalía por amenazas en contra del magistrado.
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La información fue dada a conocer por la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, quien explicó que durante la mañana de este miércoles 8 de octubre el ministro Blanco citó a un pleno extraordinario para informar la situación.
Melo señaló que “hay una investigación reservada que se está llevando por el Ministerio Público, de la cual no tenemos ninguna información, no hemos preguntado nada. El señor presidente quiso convocar este pleno con el objeto de socializar la situación que se está viviendo, poner en antecedentes al tribunal pleno y contar respecto de las medidas de seguridad que al respecto él está teniendo. Y, por supuesto, nosotros conversamos del tema, pero no hemos adoptado ningún acuerdo ni nada más, sino que solamente tomar conocimiento”.
Asimismo, la vocera de la Corte Suprema explicó que existe una preocupación por el tema, ya que se trata de “la tercera autoridad del país. Nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano. Por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse, no solamente nosotros, sino que toda la ciudadanía, entiendo yo”.
Finalmente, la ministra María Soledad Melo afirmó que “no podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene”.
Cómo se levantaron las alarmas
Según informó el diario El Mercurio, la alerta sobre una eventual “amenaza de atentado” la hizo Roberto Ossandón, hermano del senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Ossandón.
El exsecretario general de RN, señaló al citado medio que “una persona me puso en conocimiento de una lista de personas susceptibles de un atentado. Mi hermano estaba en la lista y el presidente de la Corte Suprema“.
La investigación se encuentra en manos del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, “debido a que su jurisdicción es la encargada de pesquisar amedrentamientos y amenazas a altos funcionarios públicos, ya sean directas -mediante redes sociales, panfletos u otros soportes- o indirectas”, detallaron.