Completamente entrampada se encuentra la campaña presidencial de José Antonio Kast, debido a la falta de claridad que ha tenido el republicano y su comando para explicar cómo pretenden recortar 6000 millones de dólares sin afectar derechos sociales. Duda que ha sido enfrentada por el abanderado con generalidades y datos falsos.
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Entre lo que han señalado desde el comando de Kast respecto de la propuesta, es que 3000 millones de dólares se ajustarían por medio del Congreso, otros 3000 millones por actuaciones del Ejecutivo, todo en 18 meses y sin afectar derechos sociales.
Sin embargo, no fueron pocos los economistas-por no decir casi todos- que salieron a refutar el plan de Kast por ser impracticable sin afectar programas sociales. Pese a esto, en el comando del republicano optaron por seguir defendiendo la propuesta, añadiendo datos falsos a la discusión, al indicar que este gobierno había contratado a 100 000 funcionarios públicos.
Si bien las cifras de contrataciones fueron explicadas por el Ejecutivo y algunos personeros de Chile Vamos, detallando que 80 000 de ellas no corresponden a nuevas contrataciones, sino que a funcionarios municipales que fueron traspasados al gobierno central por los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y trabajadores de la salud.
Pese a esto, el comando de Kast puso en duda las cifras entregadas por la Dirección de Presupuesto y comenzó a dar algunas luces de lo que se pretende recortar, apuntando a los más de 80 000 funcionarios de los SLEP y la salud.
Así lo señaló a radio Pauta Rodrigo Álvarez, exautoridad del gobierno de Sebastián Piñera y parte del comando de Kast, al ser consultado sobre posibles despidos en esas áreas.
“Primero, va haber que revisar esas contrataciones”, agregando que a su juicio “la Dipres se ha equivocado bastante en estos últimos años”. Por lo tanto, “no voy a dar por totalmente ciertas cifras que creo que también hay que revisar”.
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Pero es cierto, una de las cosas que va haber que revisar es el crecimiento, sin duda alguna, de la situaciones del empleo público en general, para no entrar en la distinción si son funcionarios municipales o funcionarios del gobierno central”.
Si bien el Ejecutivo no tiene atribuciones para despedir funcionarios municipales, Álvarez argumentó que una de las preguntas que se hacen los chilenos es si esos funcionarios (SLEP y salud) “¿fueron bien o mal contratados? (...) ¿Hay una diferencia sustancial en la atención ciudadana en las respuestas en temas de educación, salud, etcétera, por esas contrataciones?. Por lo menos para mi no es banal esa pregunta, si fueron bien o mal contratados".