El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió al recurso de amparo y reposición presentados por el Ejecutivo tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de conceder la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión a su expareja, Nabila Rifo.
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En conversación con Radio Cooperativa, Gajardo destacó que este tipo de casos afectan gravemente la confianza en el sistema judicial cuando no se manejan con el cuidado necesario. “El Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, presentaron ambas acciones judiciales, y aquí nuevamente, nosotros tenemos hoy día un problema que es bien profundo en nuestro sistema democrático, que es la baja confianza en el sistema de justicia".
“El sistema de justicia es uno de los pilares de cualquier sistema democrático, que todos nosotros confiemos en que cuando tenemos un problema lo vamos a resolver en la justicia, es clave”, señaló el ministro.
Gajardo enfatizó que es fundamental que todos los organismos públicos, y especialmente el sistema de justicia, sean cuidadosos al otorgar beneficios como la libertad condicional. “Estos beneficios, si se entregan bien, fortalecen el sistema, pero si se entregan con antecedentes que no los recomiendan, nos generan una crisis mayor de confianza en el sistema de justicia”, sostuvo.
El ministro subrayó que “es muy relevante que en esto todos los organismos públicos, sobre todo el sistema de justicia, sea cuidadoso en estos beneficios que se entregan, porque estos beneficios si se entregan bien nos fortalecen el sistema, pero si estos beneficios se entregan con antecedentes que no recomiendan la entrega, nos generan una crisis mayor de confianza en el sistema de justicia".
El ataque a Nabila Rifo
El ataque contra Nabila Rifo ocurrió en la madrugada del 14 de mayo de 2016, cuando Ortega la agredió en plena vía pública, dejándola con graves fracturas, daño craneal y pérdida total de visión en ambos ojos.
Originalmente, la condena incluía cargos de femicidio frustrado, pero la Corte Suprema, en una revisión posterior, descartó ese delito y redujo la pena a 18 años.