Este miércoles, la Comisión de Educación del Senado retomará la tramitación del Proyecto de Ley de Convivencia Escolar. En esta sesión, se espera la votación de la indicación N°62, presentada por el Ejecutivo, que permitiría a los establecimientos educacionales la adquisición de detectores de metales y otros recursos para identificar artefactos que pudieran poner en riesgo la integridad física de la comunidad educativa.
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La Defensoría de la Niñez emitió un comunicado, en el que alerta sobre esta indicación “ya que se trata de una medida reactiva, que no aborda las causas profundas de la violencia escolar ni contempla mecanismos restaurativos o graduales para prevenir situaciones de riesgo”.
“Además, podría afectar el ejercicio de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como el derecho a la educación, a la participación, a la protección y a su intimidad, sin una evaluación adecuada del principio de interés superior”, precisaron.
“El uso de tecnologías como detectores de metales o cámaras de reconocimiento facial en espacios educativos exige una justificación basada en evidencia y con participación efectiva de estudiantes, apoderados y comunidades escolares. Sin ello, se corre el riesgo de criminalizar a los adolescentes y transformar sus escuelas en espacios de vigilancia, más que de aprendizaje”, señaló el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
La institución ha advertido en reiteradas ocasiones que estas medidas pueden contribuir a la estigmatización de estudiantes, afectando su percepción de la escuela como un espacio seguro. También ha cuestionado la falta de evidencia que respalde su eficacia y la ausencia de consultas representativas de las comunidades educativas antes de implementar medidas que afectan su vida cotidiana.
El defensor de la Niñez hizo un llamado al Senado, como órgano responsable de la determinación final de esta medida, para considerar que “toda disposición que afecte directamente a niños, niñas y adolescentes debe ser evaluada con enfoque de derechos, participación efectiva y proporcionalidad, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que el propio Congreso aprobó hace más de tres años”.