En una histórica jornada, el Senado de Uruguay aprobó la ley de muerte digna, transformando así al país en uno de los pioneros al legislar a favor de la eutanasia en América Latina.
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De esta manera, y después de más de 10 horas de debate en la cámara del Senado, el proyecto que busca garantizar “transcurrir dignamente el proceso de morir”, impulsado por el Frente Amplio uruguayo fue aprobado con una amplia mayoría, ya que sumó votos incluso de sectores más conservadores.
Quiénes podrán acceder a la eutanasia en Uruguay
Según el texto del proyecto aprobado, podrán acceder a la eutanasia los mayores de edad que estén “psíquicamente aptos” y que estén en una etapa terminal de enfermedades “incurables e irreversibles”, o que tengan que vivir a raíz de estos diagnósticos “sufrimientos insoportables”.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República“, añade el texto de la normativa de muerte digna, según recoge Infobae.
Ahora, tras su aprobación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para elaborar un reglamento y promulgar así la esperada ley.
Para aprobar la norma, los parlamentarios que estaban a favor de la legalización de la eutanasia, citaron varios casos de personas que han luchado por acceder a la posibilidad de morir dignamente, debido a los padecimientos de enfermedades que provocan fuertes dolores.
En tanto, después de que se logre reglamentar la ley, habrá un plazo de 90 días para conformar la Comisión Honoraria de Revisión que según indica la ley aprobada “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia“.
Esta comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”, y tendrá que elaborar un informe anual sobre el tema.