Los parlamentarios Carla Morales, Mauro González y Marcia Raphael oficiaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por el ‘grave incumplimiento de la legislación que regula el uso de prefijos en llamadas comerciales’.
La normativa, que obliga a las empresas a utilizar los prefijos 600 y 809 para comunicaciones de cobranza, marketing o promoción, fue implementada con el objetivo de proteger a los usuarios y reducir el riesgo de estafas telefónicas.
La diputada Carla Morales afirmó que “es inaceptable que, a pesar de contar con una ley diseñada para salvaguardar a los consumidores, las llamadas no deseadas y fraudulentas continúen acosando a nuestros ciudadanos incluso en horarios de mañana y con una frecuencia que incomoda. Esto refleja una falta de compromiso por parte de las autoridades competentes y una clara deficiencia en la fiscalización de las empresas”.
Por su parte, el parlamentario Mauro González añadió: “Los usuarios tienen derecho a comunicarse sin ser interrumpidos por llamados molestos. Es preocupante observar que, incluso personas inscritas en el sistema ‘No Molestar’ siguen recibiendo estas llamadas. Esto nos lleva a cuestionar la efectividad de la coordinación entre las instituciones encargadas de velar por los derechos de los consumidores y su capacidad de respuesta ante infracciones reiteradas”.
La situación ha generado inquietud en la población, quienes reportan un aumento significativo en la frecuencia de llamadas provenientes de números móviles comunes (+569) e incluso de líneas internacionales, que eluden la regulación.
Al respecto, la diputada Marcia Raphael enfatizó “Lamentablemente, lo que debería ser una herramienta de protección para los consumidores se ha convertido en una norma que muchos parecen ignorar. Es fundamental que se esclarezcan los mecanismos que permiten a estas empresas actuar al margen de la ley”.
Los parlamentarios solicitaron formalmente información sobre varias cuestiones críticas, incluyendo el número de fiscalizaciones realizadas desde la entrada en vigor de la normativa, cuántas empresas han sido sancionadas por incumplimiento y el tipo de infracción que se ha registrado.
También se exige claridad respecto a las acciones emprendidas para identificar a quienes realizan llamadas desde números no autorizados y si se ha notado una disminución en las denuncias por spam o estafas telefónicas tras la implementación de la ley.