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Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional en contra del Juez Antonio Ulloa con 141 votos a favor

La votación pasará al Senado, que tiene 30 días para pronunciarse sobre la acusación.

Juez Antonio Ulloa | Captura: T13
Juez Antonio Ulloa Captura: T13

Durante la jornada de este miércoles 29 de octubre, se aprobó la acusación constitucional en la Cámara de Diputados en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez Antonio Ulloa, con 141 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra.

Esta acusación presentada por los diputados Daniel Manouchehri, Eric Aedo y Carolina Tello pasará al Senado. Esto nace a propósito del fallo de la Corte Suprema de mantener al juez Ulloa en su cargo, a pesar de su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado del Caso Audios.

Se le acusó de filtrar actas reservadas al abogado, impulsar nombres de candidatos a altos cargos judiciales e informarle sobre acciones en contra del juez Daniel Urrutia como la solicitud de un sumario. Esto quedó en evidencia en sus chats con Hermosilla, los cuales fueron publicados por CIPER Chile.

Votación en la Cámara de Senadores

Después de esta decisión que fue tomada en la Cámara Baja, el juez Antonio Ulloa quedará suspendido de sus funciones. Esto cesará solamente si la Cámara Alta desestima la acusación.


Por su parte, el Senado tiene 30 días para pronunciarse sobre la acusación. Para aquello, se tendrá que citar al acusado como también a la comisión designada para formalizar y proseguir con la acusación. Esta instancia estará conformada por quienes impulsaron esta medida, los diputados Aedo, Manouchehri y Tello.

Mientras que en una distinta sesión, va a intervenir el juez Ulloa o su defensa. Junto a ellos, estarán las y los diputados integrantes de la comisión, quienes tendrán la oportunidad de replicar o contestar a la defensa.

En otra jornada posterior, se votará la acusación en el Senado que resolverá como jurado.

En el caso de que la Cámara de Senadores declara como culpable a Antonio Ulloa, él quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por cinco años, ya sea de elección popular o no.

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