Acusando “venganza política” de parte del gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el abogado Raúl Meza que representa a varios internos de Punta Peuco, llegó este martes 4 de noviembre hasta el Palacio de Tribunales para interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del decreto -autorizado por Contraloría- que transforma el penal ubicado en Tiltil en una cárcel común y ya no exclusiva para violadores de derechos humanos.
En la instancia, Meza -que además representa a la Fundación Verdad y Justicia- señaló que la medida “nos parece arbitraria e ilegal, fundamentándose, principalmente, en que se están vulnerando garantías constitucionales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los internos que cumplen condena".
A lo anterior añadió que “así como los derechos humanos se aplican en forma rigurosa a aquellos militares que cometieron delitos, o eventualmente delitos o comisiones de delito, también queremos que los Tratados de Derechos Humanos se apliquen en este caso, porque existe una convención interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en el gobierno de Bachelet, donde establece expresamente que a los adultos mayores debe tratárseles con dignidad, especialmente a los privados de libertad, y en consecuencia creemos que esta circunstancia responde a razones estrictamente políticas, no jurídicas ni reglamentarias".
Abogado acusa al Presidente de “venganza política”
En esa misma línea, Meza agregó, apuntando al Presidente Boric y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, si “¿se preguntaron si pueden convivir reos ancianos y enfermos con reos jóvenes y violentos?”.
Además, añadió, apuntando directamente al Mandatario que “que lo diga abiertamente, que no tiene razones de carácter jurídico constitucional y que tiene razones de carácter político o de venganza política, esa es nuestra convicción”.
En tanto, al ser consultado sobre el posible indulto a algunos presos de Punta Peuco, como fue anunciado por el candidato presidencial Johannes Kaiser, el abogado señaló que es una facultad que tienen los mandatarios.
“Un Presidente de la República tiene, de acuerdo a la Constitución, una facultad exclusiva y excluyente (...) si el Presidente, en su momento, estima que existen antecedentes suficientes para indultar a una persona condenada por una causa de derechos humanos, está absolutamente dentro del marco constitucional”.