Recientemente, el presidente Gabriel Boric, promulgó una ley con la que se espera se concrete un avance histórico en materia de acceso a la justicia con la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, el cual busca garantizar una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas.
Para tal efecto, dicha institucionalidad contará con presencia en todo el territorio nacional, mediante 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales.
Una lucha que nació del dolor
La iniciativa fue impulsada por la familia de Alejandro Martínez González, un joven asesinado en 2008 en San Antonio. Sus familiares lideraron durante años una cruzada para que ninguna víctima quedara sola en su búsqueda de justicia. “Gracias al impulso del Gobierno y al apoyo transversal del Congreso Nacional, fue posible nuevamente destrabar una ley que llevaba años esperando avanzar y que beneficiará a miles de familias que necesitan apoyo legal y psicosocial”, destacó el Ejecutivo.
Claves de la nueva institucionalidad
El servicio unificará la asistencia judicial y la atención de víctimas en una sola entidad nacional, simplificando el acceso a prestaciones y mejorando la calidad de la atención. Entre sus principales ejes se encuentran:
Defensoría de las Víctimas de Delitos: Entregará atención integral jurídica y psicosocial, especialmente a quienes sufran delitos violentos.
Resolución colaborativa de conflictos: Promoverá la mediación familiar y otras vías que eviten procesos judiciales innecesarios.
Asistencia especializada: Enfocada en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, trabajadores y víctimas de violaciones de derechos humanos.
Es así que de acuerdo con información oficial, a implementación será gradual, comenzando en la zona norte, desde Arica hasta Valparaíso, a los 18 meses de publicada la ley, con el objetivo de asegurar cobertura nacional y permanente.