El llamado Caso “Muñeca Bielorrusa” ha revelado una compleja red de presunta corrupción que, según la Fiscalía Regional de Los Lagos, habría alcanzado los más altos niveles del Poder Judicial. La investigación se centra en pagos ilegales y tráfico de influencias destinados a manipular fallos de la Corte Suprema a favor del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM), una alianza entre la chilena Movitec y la empresa bielorrusa BelAZ, fabricante de maquinaria minera.
El conflicto comenzó en 2023, cuando Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) resolvió finiquitar un contrato con CBM por incumplimientos técnicos y plazos, reteniendo garantías por 20 millones de dólares. Sin embargo, en menos de un año, la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida entonces por Ángela Vivanco, revocó fallos previos y obligó a la estatal a pagar más de 17 mil 500 millones de pesos al consorcio, en un proceso descrito como “inusualmente rápido”.
Parte de esos pagos, incluidos mil 26 millones transferidos directamente a la cuenta del abogado Eduardo Lagos, son hoy parte central de la investigación.
La caída de una ministra y el rastro del dinero
Los fiscales sostienen que Vivanco habría supervisado personalmente el caso, priorizándolo en la agenda judicial e incluso eliminando registros de su celular antes de las incautaciones. Las pesquisas apuntan a que su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, actuó como intermediario entre representantes del consorcio y la entonces ministra.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por soborno y lavado de activos contra Migueles, Vargas y Lagos, mientras que Vivanco enfrenta acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, aunque aún no ha sido formalizada debido a su fuero previo como ministra del máximo tribunal.
“La gran ausente en esta audiencia es la señora Vivanco”
Durante la formalización realizada entre el 7 y 12 de noviembre de 2025 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el defensor de Migueles, Patricio Vergara, cuestionó la ausencia de la exministra en la audiencia.
El abogado mencionó que Migueles es el marido de Ángela Vivanco, quien fue la gran ausente en dicha audiencia y que no estaba siendo formalizada, agregando que la decisión de la fiscalía de no incluirla trae una consecuencia a la defensa.
Asimismo, Vergara pidió arresto domiciliario total para su cliente, junto a prohibición de comunicarse con Vivanco y arraigo nacional, rechazando la prisión preventiva.
Una investigación que amenaza con hundir confianzas
La fiscalía sostiene que este caso no se limita a Vivanco: hay indicios de influencia en otros ministros y funcionarios, con sumarios abiertos en la Corte de Apelaciones de San Miguel por posibles nexos con notarios y conservadores.
Mientras tanto, Codelco, el CDE y organismos de transparencia han solicitado ampliar la indagatoria, calificando el caso como una amenaza directa a la independencia judicial y la confianza pública.
Es así que el Caso “Muñeca Bielorrusa” expone presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de dinero.