Por primera vez en trece años, votar será un deber y no una opción. El voto obligatorio regresa en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025, marcando un hito en la historia democrática del país. Su origen se remonta a una serie de transformaciones legales y sociales que reflejan la búsqueda por reencantar a los ciudadanos con la política.
Hasta 2012, el voto en Chile era obligatorio, aunque la inscripción en el registro electoral era voluntaria. Esa combinación provocaba una paradoja: sólo quienes se inscribían por iniciativa propia, en general adultos mayores y sectores más politizados participaban activamente. Con la promulgación de la Ley 20.568, se invirtió el modelo: inscripción automática y voto voluntario. Se esperaba que la libertad de elegir impulsara la participación, pero ocurrió lo contrario.
Entre 2013 y 2021, la asistencia a las urnas cayó dramáticamente: apenas 49% en la presidencial de 2017 y cerca del 50% en el plebiscito constitucional de 2020, pese a la alta movilización tras el estallido social. Fue entonces que el diagnóstico fue claro: el voto voluntario no fortalecía la democracia, la debilitaba.
Reforma de 2022: una respuesta a la crisis de legitimidad
El punto de inflexión llegó con el plebiscito de salida de 2022, cuando más del 85% del padrón participó bajo un sistema excepcional de voto obligatorio. Ese récord de asistencia, junto con el rechazo del 62% al texto constitucional, convenció a la clase política de que el país debía institucionalizar el cambio.
En diciembre de 2022, el Congreso aprobó una reforma constitucional exprés, promulgada como Ley 21.524, la cual restableció el voto obligatorio para todas las elecciones populares y plebiscitos, manteniendo la inscripción automática.
La excepción son las elecciones primarias, que se mantienen voluntarias. Para el resto de los comicios, no votar implica una infracción sancionada con multas de entre 0,5 y 1 UTM (alrededor de 30 mil a 60 mil pesos), salvo justificaciones válidas como enfermedad o residencia a más de 200 km del local de votación.
Objetivo: reactivar la democracia y fortalecer la representatividad
El voto obligatorio se planteó como un antídoto frente al agotamiento electoral. Entre plebiscitos, municipales y parlamentarias, Chile había celebrado seis elecciones en apenas cinco años. La fatiga, sumada a la desconfianza en los partidos, redujo la participación a niveles críticos.
Los promotores de la reforma sostienen que la obligatoriedad amplía la base social del voto y reduce el sesgo ideológico de las urnas.
Los primeros ensayos bajo el nuevo modelo, el plebiscito constitucional de diciembre de 2023 y las municipales de 2024, confirmaron el éxito: la participación superó el 84%, devolviendo al proceso electoral una legitimidad que parecía perdida.
Impacto en las presidenciales de 2025
Las elecciones del 16 de noviembre serán las primeras presidenciales con voto obligatorio desde 2010. Se espera un padrón de más de 15.8 millones de votantes, incluidos 880 mil extranjeros con más de cinco años de residencia.
Analistas coinciden en que esta medida podría modificar el mapa electoral, sumando a sectores tradicionalmente ausentes: jóvenes, trabajadores informales y votantes rurales. Este electorado menos ideologizado y más pragmático prioriza temas como seguridad, empleo y costo de vida, lo que introduce un alto grado de incertidumbre.
Finalmente, la obligatoriedad también supone un desafío logístico para el Servicio Electoral (Servel), que deberá garantizar locales accesibles, procesos rápidos y fiscalización de las excusas válidas.