Después de un año de que Greenpeace interpuso querellas por la muerte de dos ballenas jorobadas juveniles encontradas sin vida en zonas protegidas del sur de Chile, las investigaciones siguen abiertas y sin responsables identificados.
En octubre de 2024, los ejemplares fueron hallados en el Parque Nacional Laguna San Rafael y en la Reserva Nacional Kawésqar, dos áreas que deberían ser refugios seguros para la vida marina.
De acuerdo con la organización, ambos cetáceos fueron encontrados rodeados de redes, embarcaciones y estructuras industriales, evidenciando una preocupante interacción humana en espacios donde la protección ambiental debiera ser prioritaria.
“Estas ballenas encontraron amenazas, no refugio”
Los antecedentes entregados por Greenpeace refuerzan la hipótesis de intervención humana directa y revelan graves vacíos institucionales en la respuesta estatal. Las necropsias practicadas a los animales describen lesiones compatibles con redes o cuerdas, mientras que los registros de las empresas salmoneras fueron calificados como parciales e incompletos.
“Estas ballenas viajaron miles de kilómetros buscando refugio y encontraron grandes amenazas, jaulas, embarcaciones y negligencia estatal. Un año después, las empresas salmoneras siguen sin entregar toda la información y la justicia aún no da una respuesta. Eso también es impunidad ambiental”, afirmó Roxana Núñez, Encargada de Incidencia de Greenpeace Andino.
La organización advierte, además, manejo inadecuado de evidencias y falta de coordinación entre instituciones, lo que habría entorpecido el proceso judicial.
Una ley que podría cambiarlo todo... si se aplica
La denuncia cobra especial relevancia ahora que Chile cuenta con una Ley de Delitos Ambientales (N° 21.595), vigente desde 2023, que permite sancionar penalmente a las empresas responsables de dañar ecosistemas. La norma contempla penas de hasta 10 años de cárcel y multas millonarias por afectar áreas protegidas o fauna marina.
“Hoy existe una ley que castiga a quienes destruyen ecosistemas protegidos, pero la pregunta es si se aplicará cuando los responsables son grandes compañías”, concluyó Núñez.