La historia de Rémi, un gato naranja de la localidad de Agde, al sur de Francia, desató un debate insólito: ¿es posible que una mascota enfrente un castigo judicial como si se tratara de un humano? Eso es justamente lo que ocurrió después de que un tribunal francés dictara una sentencia que, en los hechos, mantiene al felino bajo “arresto domiciliario” por una supuesta conducta antisocial denunciada por los vecinos.
El caso dio la vuelta al mundo no solo por la dureza de la sanción, sino porque la dueña del animal quedó expuesta a multas que ya superan los 1,250 euros y que podrían aumentar en diciembre, cuando se revise la pena.
Las denuncias que llevaron al absurdo legal
Según la denuncia presentada por una vecina, Rémi habría ingresado repetidamente a su propiedad, dejando huellas en pavimento fresco, orinando sobre un edredón y haciendo sus necesidades en el jardín. Para el tribunal, esos episodios —aun sin pruebas definitivas de que se tratara siempre del mismo gato— fueron suficientes para fallar en contra de la dueña, Dominique Valdés.
Medios franceses como Le Dauphiné y The Telegraph detallaron que la multa inicial incluye costos judiciales e indemnización por daños. Además, el tribunal fijó una penalidad de 30 euros por cada nueva aparición del felino fuera de su casa. La cifra podría escalar hasta 150 euros por incursión, dependiendo del resultado de una audiencia programada para diciembre.
La decisión provocó reacciones encontradas en Francia, donde organizaciones de protección animal advirtieron que casos como este podrían abrir la puerta a sanciones desproporcionadas por actos naturales de las mascotas.
Un encierro que afecta al gato… y a la dueña
Desde que se dictó el fallo, Valdés se ha visto obligada a mantener a Rémi encerrado dentro de la casa para evitar nuevas multas. Según declaró, el felino no solo vive estresado, sino que desarrolló comportamientos agresivos y problemas de peso porque lo calma con comida cuando aúlla o se desespera por salir.
“Tengo miedo de dejarlo siquiera en el jardín, porque podría saltar la valla. Es como si estuviéramos los dos en prisión”, dijo la dueña a medios franceses.
La situación generó preocupación entre organizaciones animalistas, que consideran que el bienestar del gato quedó completamente relegado frente a una decisión judicial basada en conflictos vecinales.