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“Se han reído de todo un país”: Decretan prisión preventiva para tres imputados por el Caso Muñeca Bielorrusa

Gonzalo Migueles fue imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos. Mientras que Mario Vargas y Carlos Lagos estaban imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado.

Caso Muñeca Bielorrusa | Captura: Meganoticias
Caso Muñeca Bielorrusa Captura: Meganoticias

Durante la mañana de este sábado 15 de noviembre en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Todos imputados por su presunta relación en el Caso Muñeca Bielorrusa, en la cual se investiga cohecho, soborno y lavado de activos.

Gonzalo Migueles Oteiza fue imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos. Mientras que Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera, estaban imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado.

La magistrada Michel Ibacache Toledo dictaminó esta medida debido a que consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Asimismo, estableció un plazo de 90 días para la investigación.

Cuando entregó la resolución, Ibache reflexionó que “durante mucho tiempo el Poder Judicial ha tenido que coexistir con el fantasma de la corrupción, da lo mismo la forma en que los jueces fallemos, porque siempre la parte que no resulte vencedora acusara al juez de corrupto”.


Por lo mismo, recalcó que los imputados de este caso perpetúan esta narrativa sobre la justicia chilena. “El fantasma de la corrupción al interior del Poder Judicial el día de hoy ha dejado de ser algo etéreo (...) Hoy, después de escuchar los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, ese fantasma con el que durante tanto tiempo convivimos, se ha hecho realidad”.

“Al interior del Poder Judicial se ha ido formando una red de corrupción, que tiene como integrantes, de acuerdo a lo que se ha podido establecer al día de hoy: a una juez de la más alta jerarquía, una ministra de la excelentísima Corte Suprema, seguida de conservadores de bienes raíces, notarios y abogados que, sin vergüenza alguna, han pisado el valor por el cual debemos regirnos y el cual juramos o prometimos proteger, la Justicia, que por definición debe ser ciega”, continuó.

Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país”, destacó la magistrada.

El Caso “Muñeca Bielorrusa”

El llamado Caso “Muñeca Bielorrusa” ha revelado una compleja red de presunta corrupción que, según la Fiscalía Regional de Los Lagos, habría alcanzado los más altos niveles del Poder Judicial. La investigación se centra en pagos ilegales y tráfico de influencias destinados a manipular fallos de la Corte Suprema a favor del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM), una alianza entre la chilena Movitec y la empresa bielorrusa BelAZ, fabricante de maquinaria minera.

El conflicto comenzó en 2023, cuando Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) resolvió finiquitar un contrato con CBM por incumplimientos técnicos y plazos, reteniendo garantías por 20 millones de dólares. Sin embargo, en menos de un año, la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida entonces por Ángela Vivanco, revocó fallos previos y obligó a la estatal a pagar más de 17 mil 500 millones de pesos al consorcio, en un proceso descrito como “inusualmente rápido”.

Parte de esos pagos, incluidos mil 26 millones transferidos directamente a la cuenta del abogado Eduardo Lagos, son hoy parte central de la investigación.

Los fiscales sostienen que Vivanco habría supervisado personalmente el caso, priorizándolo en la agenda judicial e incluso eliminando registros de su celular antes de las incautaciones. Las pesquisas apuntan a que su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, actuó como intermediario entre representantes del consorcio y la entonces ministra.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por soborno y lavado de activos contra Migueles, Vargas y Lagos, mientras que Vivanco enfrenta acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, aunque aún no ha sido formalizada debido a su fuero previo como ministra del máximo tribunal.

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