La tragedia que dejó cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine abrió un flanco inesperado en medio del duelo y las investigaciones. La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) publicó un comunicado de tono feroz, acusando tres décadas de abandono estatal, negligencias acumuladas y una estructura pública que —a su juicio— “no está preparada para administrar un destino de clase mundial”.
El texto, difundido desde Magallanes, marca un quiebre: no apunta a los guías, ni al clima extremo ni a las decisiones de los excursionistas. Su señalamiento es directo: el Estado falló, y lo hizo durante años.
Un comunicado que tensiona el debate: “El circuito no es peligroso, el Estado sí lo es cuando no está”
El gremio sostiene que el circuito Macizo Paine “O”, donde ocurrió la tragedia, no es inseguro por sí mismo, y recuerdan que no registra eventos semejantes en más de dos décadas. Aseguran que la montaña siempre implica riesgo, pero lo que ocurrió ahora no se explica por fenómenos climáticos imprevistos, sino por una falencia mayor: la ausencia de guardaparques en terrenos críticos, falta de monitoreo y una estructura completamente desactualizada para enfrentar emergencias de alta montaña.
“El peligro es un Estado ausente”, subraya el texto, rechazando propuestas que han surgido tras la tragedia como imponer guías obligatorios o nuevas restricciones. Para el gremio, estas medidas castigan al visitante responsable sin resolver el problema de fondo.
Crítica histórica: gobiernos, ministerios y un sistema “arcaico”
HYST acusa que distintos gobiernos, durante 20 o 30 años, han demostrado “una incomprensión profunda sobre la importancia del turismo y de las áreas protegidas”. Aseguran que el Estado opera con una institucionalidad antigua, lenta y desconectada de la realidad del territorio, donde la gestión moderna nunca logró instalarse.
El gremio apunta especialmente a CONAF, a quien califican como un organismo con herramientas del siglo pasado, sin suficientes recursos, sin planes de manejo actualizados y sin la capacidad de administrar un parque que recibe más de 300 mil visitantes al año. Además, denuncian que muchos de los guardaparques cumplen labores administrativas, dejando desprotegidas las áreas donde realmente se necesitan.
Propuestas ignoradas y una burocracia que “cierra la puerta”
El comunicado revela que durante años el sector turístico ha presentado propuestas concretas que —según ellos— habrían reducido los riesgos actuales:
- Helicóptero de rescate financiado con una tarifa mínima de ingreso.
- Sistema de socorro andino coordinado entre guías y privados.
- Protocolos de emergencia modernos.
- Digitalización de flujos de visitantes.
- Infraestructura crítica y nuevos senderos.
- Patrullaje conjunto con profesionales.
- Conectividad mínima en porterías.
Ninguna de estas iniciativas, aseguran, logró avanzar debido a la “burocracia eterna, la desconfianza ideológica y la incapacidad del Estado para modernizar su propia gestión”.
Un llamado a reformas profundas
El gremio afirma que no busca culpables individuales, sino corregir un sistema completo que —advierten— permitirá que tragedias como esta se repitan si no se corrigen las fallas estructurales. También aclaran que los concesionarios turísticos no tienen atribuciones legales para controlar accesos o detener a visitantes, por lo que cualquier intento de trasladarles la responsabilidad sería “injusto y engañoso”.
Para HYST, la tragedia debe transformarse en un punto de inflexión. De lo contrario, señalan, el parque seguirá operando bajo una institucionalidad frágil, incapaz de responder a emergencias y desconectada del desarrollo turístico global.
“El turismo no destruye parques. El turismo los hace posibles”