La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó un paso decisivo en uno de los casos más complejos de crimen organizado internacional en Chile. Se trata de las 38 condenas por asociación criminal, homicidios consumados y frustrados y tráfico de drogas contra los integrantes de la estructura delictual liderada por Javier Valencia González, un exguerrillero de las FARC que en territorio chileno era conocido como “Satanás”.
El sujeto había escapado de una cárcel colombiana y se instaló en un campamento ilegal de Antofagasta, donde consolidó una organización criminal que operó por años con total control del campamento Génesis 2. La estructura dominaba el tráfico de drogas y arrendaba viviendas, llegando incluso a cobrar por el agua y la electricidad.
Un historia de violencia y fuga
Tras la desmovilización de las FARC en 2007, Valencia se integró a grupos de excombatientes dedicados al narcotráfico y al sicariato. Fue apresado y condenado en Colombia a 33 años de cárcel por homicidio, secuestros y tráfico de armas, pero logró fugarse en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
Según Red Antofagasta, Valencia se desempeñaba como tercero en la línea de mando del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC antes de su huida. No existe claridad sobre cómo ni cuándo ingresó a Chile.
El accidente que lo delató y la operación que derribó la red
El sujeto también conocido como “Satanás” fue detenido a fines de abril de 2024 luego de protagonizar un accidente de tránsito en Antofagasta. Tras el choque, testigos notaron que el conductor estaba herido de bala. Las investigaciones policiales revelaron que había participado en una balacera reciente que dejó un ciudadano chileno fallecido.
Las diligencias permitieron ubicarlo y detenerlo pese a encontrarse de manera irregular en el país. Esto dio paso a “Operación Olimpo”, un amplio operativo de la PDI con cerca de 300 detectives, que desmanteló por completo la organización delictual en el campamento Génesis 2.
La sentencia definitiva será dictada el 5 de diciembre. Aunque Colombia solicitó su extradición en enero, el Gobierno chileno aclaró que si este delincuente cometió delitos en el país, tendrá que ser juzgado y la opción de deportarlo o expulsarlo será posteriormente a su juzgamiento.