La Defensoría de la Niñez manifestó su profunda preocupación frente al proyecto de ley que modifica la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, al considerar que la iniciativa incorpora restricciones al acceso a beneficios financiados con recursos fiscales para niños, niñas y adolescentes migrantes.
Según el organismo, el texto aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, criticó directamente el contenido del proyecto, alertando que la propuesta excluye a menores migrantes del acceso a derechos sociales por su condición migratoria.
“El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad. Debemos garantizar que ningún niño migrante quede en una situación de desprotección de sus derechos”, señaló. El primer informe de la comisión será presentado este miércoles 26 de noviembre ante la Sala, instancia que definirá si la iniciativa avanza a su segundo trámite constitucional.
En el marco de su mandato legal, la Defensoría remitió recomendaciones a través del Oficio 1310/2025, insistiendo en que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en territorio nacional tienen los mismos derechos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
Recordó además que la Ley de Garantías, en su artículo 8, prohíbe cualquier forma de discriminación arbitraria por origen, situación migratoria o condición de refugiado, obligando al Estado a garantizar igualdad real y efectiva.
Para el organismo, las disposiciones del proyecto que introducen criterios de priorización en áreas como salud y educación a favor de la población nacional contravienen el principio de no discriminación y podrían significar una regresión en derechos sociales ya reconocidos. “La respuesta del Estado debe orientarse a fortalecer políticas públicas inclusivas, no a establecer limitaciones que afecten a la niñez migrante”, enfatizó Quesille.
La Defensoría recordó que ya había realizado observaciones al proyecto originado en el Mensaje que modifica la Ley de Migración y Extranjería (Boletín 16.072-06), subrayando que la falta de cobertura en servicios públicos no debe resolverse restringiendo derechos fundamentales, sino mediante políticas educativas y sanitarias que respondan a las transformaciones demográficas del país.
Finalmente, Quesille llamó al Congreso a legislar con enfoque de derechos y reiteró que “ningún niño debe ser privado de sus derechos fundamentales por consideraciones exclusivamente asociadas a su estatus migratorio”.