Una funcionaria de la Armada de Chile denunció haber sido violada por un superior durante un rito de promoción en Valdivia… y terminó siendo la sancionada. La institución la acusó de “abuso de confianza” y de haber “propiciado” la agresión por realizar un baile considerado “provocativo”.
El caso, que dejó en evidencia graves sesgos de género al interior del mundo militar, acaba de ser revertido por la Corte de Apelaciones de Valdivia tras un recurso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Un rito de promoción que terminó en denuncia de violación
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022 durante una ceremonia de ascenso en la Gobernación Marítima de Valdivia. Según su relato, la funcionaria consumió una bebida preparada por sus superiores, perdió el conocimiento y luego despertó desorientada, con indicios de haber sido atacada sexualmente por un oficial de mayor rango.
La mujer denunció el hecho siguiendo los conductos regulares. El verdadero impacto vino después: la investigación interna terminó apuntando contra ella, no contra el acusado.
La Armada la culpó por “provocar” la agresión
El sumario disciplinario concluyó que la mujer había cometido un “abuso de confianza” hacia el superior acusado. ¿El motivo? Según la institución, ella habría “propiciado” la agresión sexual por realizar un baile catalogado como “provocativo” durante el rito.
La sanción no fue simbólica, ya que le prohibieron portar armas, le impidieron realizar guardias y fue relegada únicamente a funciones administrativas. La lógica fue brutal: la institución la hizo responsable del delito que estaba denunciando.
Violencia institucional y sesgo de género: lo que dijo la Corte
El INDH llevó el caso a tribunales y la Corte de Apelaciones de Valdivia fue categórica. El fallo señaló que la funcionaria recibió un trato discriminatorio y que la sanción se basó en prejuicios, creencias personales y una visión moralista sin respaldo en la normativa militar.
El tribunal determinó que el sumario disciplinario configuró violencia institucional de género, ya que la investigación juzgó su conducta personal en lugar de evaluar seriamente la denuncia de violación. Se trató, en palabras del fallo, de un reproche moral injustificado.
La Corte ordenó:
- Dejar sin efecto todas las sanciones.
- Restituir sus funciones sin restricciones.
- Borrar cualquier registro administrativo que la perjudique.
- Actualizar los reglamentos internos para ajustarlos a normas antidiscriminatorias.
Un precedente que golpea a la Armada
Para el INDH, esta sentencia es histórica: por primera vez, un tribunal reconoce explícitamente que una institución militar ejerció violencia de género contra una funcionaria al responsabilizarla de su propia denuncia.
El caso abre una discusión mayor sobre los ritos institucionales, la cultura jerárquica, el consumo de alcohol y la falta de protocolos efectivos para proteger a denunciantes dentro de las fuerzas armadas.
También exhibe un patrón que organizaciones feministas y exmilitares han denunciado por años: la tendencia institucional a dudar de las víctimas, cuestionar su comportamiento y proteger la disciplina interna por encima de la justicia.