Un grupo de ex cancilleres de Chile emitió este lunes una declaración pública en la que manifiestan su “profunda preocupación” frente a las propuestas migratorias del candidato presidencial José Antonio Kast. Las ex autoridades apuntan a los efectos que estas medidas podrían tener tanto en la dignidad de las personas migrantes como en la relación de Chile con Perú y Bolivia.
Entre los firmantes se encuentran Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker. En el texto, recalcan que la política migratoria debe ajustarse al Estado de Derecho y a los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos, refugio y protección de grupos vulnerables. Propuestas basadas en expulsiones masivas, separación de familias o confinamiento en recintos de carácter cuasi carcelario son, a su juicio, incompatibles con esos estándares.
Los ex cancilleres enfatizan que Chile tiene un interés estratégico en preservar relaciones de cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia, especialmente frente a fenómenos transfronterizos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico. En ese sentido, califican como “gesto inamistoso” la idea de derivar a miles de migrantes hacia fronteras de otros Estados sin coordinación ni acuerdos claros, advirtiendo que ello puede debilitar confianzas y espacios de diálogo construidos durante décadas.
Si bien reconocen que la inmigración irregular “es inaceptable” y tensiona la convivencia en regiones fronterizas, cuestionan la viabilidad logística, financiera y diplomática de las propuestas de Kast, que apunta a expulsar unas 350.000 personas. En particular, subrayan que iniciativas de repatriación cuentan con obstáculos concretos, como el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a recibir nacionales retornados desde Chile.
El grupo insiste en que la situación migratoria requiere medidas “firmes pero viables”, coordinadas con los países vecinos y consistentes con el derecho internacional. Entre ellas mencionan el fortalecimiento de canales diplomáticos, la activación de comités de frontera, la mejora de acuerdos de reconducción y retorno y el avance en mecanismos conjuntos de regularización y control.
Además, remarcan que la gestión fronteriza debe proteger la vida e integridad de las personas y evitar crisis humanitarias en pasos limítrofes. Para ello llaman a reforzar la cooperación entre cancillerías, ministerios y fuerzas de seguridad de los tres países, y a impedir la criminalización colectiva o estigmatización de nacionalidades específicas.
“Quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”, indicaron.
Finalmente, sostienen que quienes buscan la Presidencia deben contribuir a un debate serio y basado en evidencia, no en temor o desinformación.
Respaldaron además la reflexión del arzobispo de Concepción: la política migratoria no puede reducirse a una lógica punitiva, sino que debe respetar la dignidad humana.