Desde esta semana empezó a regir una nueva ley en el país, que endurece las sanciones contra el transporte informal de pasajeros, apuntando principalmente a los llamados “taxis piratas” que operan en aeropuertos.
La norma establece fuertes sanciones no solo para los conductores y propietarios de vehículos ilegales, sino también —en algunos casos— para los pasajeros que habitualmente recurren a servicios informales.
- Quien ofrezca un servicio informal desde un aeropuerto arriesga multas de hasta 100 UTM (cerca de $7 millones).
- Si se trata de conductores o intermediarios —los llamados “captadores” de pasajeros— la multa puede alcanzar 50 UTM; en caso de reincidencia, las sanciones se duplican, llegando a un máximo de aproximadamente $14 millones.
- Incluso quienes contraten un taxi informal pueden recibir multas de entre 1 y 3 UTM (unos $208 mil) si saben que el servicio no está formalizado.
El objetivo de la medida, según las autoridades, es frenar las estafas y los abusos que sufren turistas y pasajeros, y garantizar que todos los traslados partan desde servicios oficiales y regulados.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, afirmó que “nuestro país es un país con amplia vocación turística. Y a todos nos avergüenza, verdad, cuando escuchamos de un turista que ha sido estafado en cuanto pisa suelo nacional… Por un taxista que le cobra cien veces lo que correspondía”.
La ley también introduce mecanismos más exigentes: pago anticipado en counters habilitados en los aeropuertos, entrega de comprobante y asignación identificada de conductor.
El sugerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia, conversó con Radio Bío Bío e indicó que con estas normas se “suben las sanciones a todos los que participan del ilícito del transporte irregular, desde los captadores, los propietarios de vehículos e, incluso, la ley ahora trae algo parecido a lo que ocurre en el comercio ambulante, puede sancionar a quienes contraten los servicios de transporte ilegal”.