El Partido de la Gente (PDG) vive su primera gran tormenta tras la consulta digital que definió su postura frente a la segunda vuelta presidencial: voto nulo o en blanco. El resultado, anunciado con un contundente 78%, habría sido el reflejo de “mucha participación”, según el presidente del partido, Rodrigo Vattuone. Pero hay un detalle clave que desató la polémica: nadie sabe cuántos votaron realmente.
La diputada electa Pamela Jiles fue la primera en exigir claridad. Para ella, el proceso necesita transparentar el número de militantes que participó, especialmente en una colectividad que hizo bandera de “escuchar a las bases”. Sin embargo, la respuesta de Vattuone fue categórica y encendió aún más el debate:
“Las decisiones estratégicas las tomo yo con la directiva nacional”, dijo en radio, reafirmando que no revelará la cifra pese a tener un padrón de 38 mil militantes habilitados.
Una consulta influyente, pero sin auditoría pública
El PDG fue una pieza clave en primera vuelta y sus votos podrían inclinar la balanza electoral. Por eso, la consulta interna generó expectativas.
No obstante, al entregar solo porcentajes y omitir el número total de participantes, el partido abrió dudas sobre la legitimidad del ejercicio. Para Jiles y otros militantes, esa opacidad debilita el mensaje ciudadano que busca proyectar el PDG, mientras que para la directiva la reserva responde a evitar “malinterpretaciones de analistas”.
Vattuone insistió en que no votó poca gente, defendió que fue “más participación que cualquier encuesta de opinión” y criticó que “somos cuestionados por hacer un proceso completo”, en alusión a otros partidos que apoyaron candidatos sin preguntar a sus militantes.
¿Autonomía o personalismo partidista?
El choque instaló una interrogante mayor: ¿es esta reserva una estrategia de control interno o un mecanismo legítimo para proteger la consulta?
El cuestionamiento apunta al modelo de conducción: un liderazgo fuerte que decide qué datos mostrar y cuáles no, versus una base que reclama acceso a información que considera esencial para validar decisiones colectivas.
La disputa se da mientras el PDG intenta posicionarse como un actor independiente frente a la polarización electoral, pero el debate interno amenaza con tensionar su narrativa. Si la consulta fue representativa o simbólica, solo la directiva lo sabe, y esa ambigüedad podría tener costo político.
Para ahora, la cifra sigue siendo un secreto bajo llave. El PDG entregó porcentajes, pero no participación real. Esa decisión, más que cerrar la discusión, abrió una grieta sobre el modo en que la colectividad gestiona sus mecanismos democráticos.