El Gobierno anunció la decisión de impulsar un proyecto habitacional que, acompañando el cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial, sea una solución definitiva para las familias del campamento Cerro Centinela en San Antonio, que se traduce en el desalojo de 10 mil personas.
LEE MÁS: Serviu pide expropiar 100 hectáreas del terreno de la megatoma de San Antonio
Conformado en 2019, el campamento Cerro Centinela cubre 215 hectáreas de la comuna de San Antonio y está compuesto por 4.136 hogares habitados por 10.521 familias, de las cuales más de 3 mil son niños, niñas y adolescentes.
En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por los propietarios de los terrenos ordenando el desalojo del predio, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema en marzo 2024.
Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “desde un principio, el Gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo. No obstante, como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales.
“La toma de San Antonio no es una toma cualquiera”
Por su parte, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que “la megatoma de San Antonio es una toma que reúne características que no reúnen ninguna otra toma y campamento de nuestro país. Es una toma totalmente excepcional”.
A su vez, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró que “la toma de San Antonio no es una toma cualquiera. Se inició hace seis años en el Gobierno anterior y en muy poco tiempo llegó a cubrir 215 hectáreas con 10.000 personas. Estamos hablando de 4.000 familias en donde hay más de 3.000 niños. Por esta realidad tan particular, que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas. Chile sencillamente no tiene la capacidad de albergar simultáneamente a 10.000 personas.”
El ministro Carlos Montes finalizó detallando que “el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución” y agregó que “Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. Así cumpliremos con lo que diga la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria que es el punto fundamental”.
La solución anunciada por el gobierno se presenta luego de que no se alcanzara un acuerdo con los propietarios del predio, tras un proceso de diálogo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de San Antonio, donde se constituyó una comisión técnica encargada de reportar las condiciones de venta. La oferta del Estado, que se basó en la tasación a precio comercial de los terrenos ocupados, por peritos externos, a partir de criterio técnicos, objetivos y de mercado, fue rechazada por los dueños, quienes solicitaron el doble del valor.
Asimismo, las familias del campamento se organizaron en 40 cooperativas cerradas de vivienda, representando aproximadamente al 90% de los hogares, con el objeto de factibilizar una solución alternativa al desalojo. Las cooperativas a su vez constituyeron una Federación, para facilitar su gestión y la obtención de acuerdos.