Este martes comenzó con una escena que rápidamente se convirtió en tema nacional: apenas 48 de los 150 diputados estaban presentes en la Cámara, impidiendo iniciar la discusión del esperado proyecto de seguridad municipal. El quórum mínimo exigido era de 50, por lo que la sesión debió suspenderse entre reclamos, tensiones y acusaciones cruzadas.
El episodio no sólo sorprendió por lo simbólico, sino también por el momento en que ocurrió. El proyecto, impulsado desde hace años por el municipalismo, estaba en su recta final y contaba con amplio respaldo político y social. Sin embargo, la ausencia masiva de parlamentarios impidió siquiera abrir el debate.
La frustración se hizo sentir de inmediato desde las comunas. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, fue uno de los primeros en reaccionar con dureza. “Los municipios somos la primera línea de defensa en materia de seguridad ciudadana, y nuestra labor es fundamental para garantizar la protección de los habitantes de la comuna. (…) La falta de quórum en una sesión donde se trataría la seguridad municipal pone en evidencia la falta de prioridad y compromiso de algunos parlamentarios con este tema tan sensible”, criticó, subrayando la urgencia con que las comunas requieren nuevas herramientas.
Desde Mulchén, el alcalde José Miguel Muñoz reforzó la molestia y lamentó que las decisiones legislativas sigan postergando la seguridad local. “Es urgente que se generen instancias de diálogo y acción concreta para dotar a los municipios de las herramientas necesarias para fortalecer las políticas de seguridad. (…) La seguridad municipal no puede seguir esperando”, señaló.
A su vez, el jefe comunal de Quilaco, Pablo Urrutia, no escondió su indignación. “Es inaceptable que la seguridad municipal siga siendo postergada debido a la falta de compromiso de los diputados. (…) Esta falta de quórum demuestra una falta de responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos”, expresó, denunciando lo que consideró una falta grave de responsabilidad política.
Presión municipal y molestia transversal dentro del Congreso
Dicha situación, además de la crítica de alcaldes, dentro de la propia Cámara, los diputados que sí acudieron manifestaron públicamente su enojo. La situación, que ya se había repetido en octubre, cuando más de 100 parlamentarios se ausentaron y se perdió toda la tabla, volvió a abrir el debate sobre las ausencias reiteradas.
Cabe recordar que no asistir a la sala implica una sanción del 2% de la dieta parlamentaria, medida que, pese a existir, no ha logrado disuadir completamente la inasistencia en jornadas clave.
El presidente de la Cámara, consciente de la gravedad política del episodio y de la presión social acumulada, tomó una decisión inmediata: convocó a una sesión extraordinaria para la tarde, con el objetivo de evitar un nuevo retraso en la tramitación de un proyecto considerado urgente por los municipios y ampliamente solicitado por los vecinos.
Sesión extraordinaria: presencia completa y aprobación del proyecto
La situación cambió radicalmente por la tarde. Con los parlamentarios ya presentes y el ambiente más tenso que de costumbre, la Cámara logró completar el quórum sin dificultades y procedió a revisar las modificaciones del Senado. En cuestión de horas, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría y despachado a ley.
El resultado fue celebrado tanto en el Congreso como en el mundo municipal, que siguió la votación con atención. Representantes del Gobierno también destacaron el avance, subrayando su impacto en el fortalecimiento del rol preventivo de los municipios.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, planteó que la ley “regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios, tanto en prevención como en la colaboración con las policías. El rol fundamental de los municipios está ahí y esto no constituye una policía municipal”.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró que la legislación entrega por fin reconocimiento a una labor que los municipios ejercían hace años sin un marco claro. “Es importante que la ley reconozca esta función para ellos, que puedan tener capacitaciones para sus funcionarios y, por supuesto, también elementos de protección. Esto va a ir en directo beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro país”, afirmó.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, celebró la aprobación como un triunfo transversal: “Hoy gana Chile y gana el municipalismo. Se reconoce lo que estamos haciendo en materia de seguridad y es un espaldarazo para los municipios de Arica a Magallanes”, sostuvo.
¿Qué incluye la nueva ley de seguridad municipal?
La normativa aprobada moderniza y profesionaliza la labor de los inspectores y de las unidades de seguridad municipal, otorgándoles más claridad legal, nuevas facultades y mejor coordinación con las policías. Entre sus principales medidas destacan:
Regulación e incompatibilidades
Los guardias municipales no podrán mantener negocios o actividades que generen conflictos de interés dentro de la comuna que fiscalizan. Esta prohibición se suma a inhabilidades como condenas previas por delitos, antecedentes por violencia intrafamiliar o sanciones disciplinarias.
Facultad de requerir identidad
Los inspectores estarán autorizados para solicitar documentos de identidad al cursar infracciones, lo que les otorga un respaldo operativo que antes estaba sujeto a interpretaciones.
Elementos de protección
La ley ordena entregar a los funcionarios equipamiento de protección, que podrá incluir chalecos, cascos, esposas, gas pimienta o bastones. Se excluyen expresamente las armas de fuego. Para los municipios sin recursos, la Subsecretaría de Prevención del Delito dispondrá $5.100 millones en financiamiento complementario.
Patrullajes y coordinación con Carabineros
La normativa regula tanto las funciones preventivas autónomas, como patrullajes, detención en flagrancia, televigilancia, fiscalización del comercio ambulante y auxilio a víctimas, como las tareas conjuntas con Carabineros, entre ellas patrullajes mixtos, controles en vía pública y colaboración en medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.
Tecnología para prevención del delito
El proyecto habilita el uso de cámaras, drones, sistemas de alerta y televigilancia, siempre con resguardo de datos personales. Además, considera $208 millones para plataformas tecnológicas e interconexión de registros.