Desde el Vaticano resolvieron la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos y determinaron que “no se logró la certeza moral suficiente sobre los delitos denunciados”. Con ello, todas las sanciones eclesiásticas que pesaban sobre él, incluida su expulsión de la Compañía de Jesús y la prohibición de ejercer públicamente el ministerio, quedaron sin efecto, según informó la congregación mediante un comunicado.
La restitución implica un vuelco en un proceso que comenzó en abril de 2022 y que, hasta mayo de 2024, había concluido en sanciones severas basadas en la “verosimilitud” de los antecedentes. El estándar de “certeza moral”, exigido en el derecho canónico, requiere pruebas de alta contundencia, superiores a la mera sospecha o indicios preliminares.
Un sacerdote emblemático marcado por denuncias y disputas
Felipe Berríos, de 70 años, es reconocido por su trayectoria social, por fundar Techo y por su rol en debates públicos sobre pobreza y derechos humanos. Su influencia política y mediática lo transformó en una figura relevante de la izquierda chilena.
El caso que lo involucró estalló en 2022, cuando la Fundación para la Confianza presentó denuncias por “hechos de connotación sexual” contra siete mujeres, algunas menores al momento de los supuestos hechos. Berríos negó siempre las imputaciones, calificándolas de “falsas” y “orquestadas”.
Un proceso cruzado por fallos civiles y canónicos
Entre 2023 y 2025, las causas avanzaron simultáneamente en la justicia chilena y en el Vaticano. En diciembre de 2025, la Corte de Apelaciones sobreseyó definitivamente las causas penales por prescripción. En paralelo, el Vaticano analizó la apelación presentada en junio de 2024 y, el 9 de diciembre de 2025, resolvió anular todas las sanciones.
La decisión cuestionó la falta de “garantías mínimas de debido proceso” en la investigación inicial y consideró insuficientes los antecedentes probatorios.
Reacciones divididas en una Iglesia aún en crisis
El fallo generó fuertes diferencias. Sectores afines a Berríos celebraron su “vindicación”, mientras que defensores de víctimas advirtieron que la decisión constituye un retroceso para la credibilidad institucional. La Compañía de Jesús acató la resolución sin autocríticas, lo que también ocasionó debate.
Berríos no ha emitido una nueva declaración, aunque previamente sostuvo ser víctima de un proceso “injusto”. El caso vuelve a poner en tensión la relación entre justicia canónica, reparación a víctimas y transparencia eclesial.