La liberación indebida de un interno desde el Complejo Penitenciario de Rancagua abrió una nueva arista en el caso que investiga la Fiscalía: la identidad y situación judicial del reo que salió en libertad por un error administrativo. Gendarmería de Chile confirmó que se trató de una libertad mal otorgada, producto de una mala interpretación de una orden judicial, y que el interno no debía abandonar el recinto penal.
El caso se originó tras una resolución emitida por el Tribunal de Garantía de Graneros, la cual fue ejecutada de forma incorrecta por funcionarios de Gendarmería. La institución reconoció públicamente el error y activó los protocolos correspondientes, tanto penales como administrativos.
El reo liberado por error en la cárcel de Rancagua
De acuerdo con la información confirmada por Gendarmería y difundida por autoridades judiciales, el interno liberado fue identificado como David Marín Celis. Al momento de su salida del penal, el sujeto no contaba con una orden de libertad, sino con una resolución que modificaba su estatus procesal.
El documento judicial establecía un cambio de medida cautelar, pasando de la condición de imputado en prisión preventiva a la de condenado, sin que ello implicara su liberación. Sin embargo, la orden fue mal interpretada, lo que derivó en la ejecución errónea del procedimiento.
El delito por el que fue condenado
David Marín Celis fue condenado por el delito de microtráfico de drogas en pequeñas cantidades, causa tramitada ante el Tribunal de Garantía de Graneros. La sentencia dictada en su contra estableció una pena efectiva de cinco años y un día de presidio.
Este tipo de condena implica cumplimiento efectivo de la pena, razón por la cual el condenado debía permanecer recluido en el recinto penitenciario tras el fallo judicial. La liberación fue reconocida oficialmente como un error administrativo, sin sustento legal.
Pena pendiente y diligencias en curso
Tras detectarse la liberación indebida, Gendarmería dio aviso inmediato al Ministerio Público, que inició una investigación penal para esclarecer las responsabilidades. Paralelamente, se activaron diligencias para ubicar y detener nuevamente al condenado, a fin de que cumpla la pena impuesta por el tribunal.
La institución penitenciaria ha señalado que el error fue interno y que la orden judicial estaba correctamente emitida, descartando fallas en la redacción del documento. El caso continúa bajo investigación, mientras se desarrollan acciones para revertir la situación y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.