Un grupo de diputados ingresó a la Cámara un proyecto de ley que busca tipificar como delito las denuncias falsas, una iniciativa en la que participaron los diputados Cristóbal Urruticoechea y Johannes Kaiser, junto al actor Cristián Campos, quien expuso los fundamentos del proyecto desde una experiencia personal.
Los intervinientes plantearon que, en delitos de alta connotación social como el abuso, se produce una reacción inmediata de repudio público que, a su juicio, lleva a que la presunción de inocencia quede relegada, generando consecuencias irreversibles incluso cuando los tribunales descartan las acusaciones.
Durante la presentación se afirmó que existen casos en los que personas denunciadas resultan absueltas en instancias judiciales superiores, pero aun así enfrentan la pérdida de su trabajo, vínculos familiares y vida social, una situación que fue resumida con la frase: “aunque seas absuelto, quedas cancelado”.
Repudia social inmediata sin sentencia firme
Los impulsores de la iniciativa sostuvieron que el delito de abuso genera una repulsa social inmediata, lo que provocaría una tendencia a “señalar con el dedo y castigar” antes de que exista una sentencia judicial firme.
También afirmaron que, tras denuncias falsas que son acogidas inicialmente y llevadas a tribunales, pueden producirse absoluciones posteriores, incluso por unanimidad en cortes superiores, sin que ello logre revertir el daño social ocasionado.
En ese contexto, se señaló que el proyecto surge para responder a situaciones en las que —según se planteó— personas inocentes quedarían socialmente sancionadas pese a resoluciones judiciales favorables.
Qué propone la ley contra las denuncias falsas
De acuerdo con lo expuesto en la presentación, el proyecto ingresado busca:
- Tipificar como delito la denuncia falsa, diferenciándola de denuncias que no prosperan por falta de pruebas.
- Establecer sanciones cuando se acredite que la denuncia fue realizada de manera consciente y con intención de dañar u obtener un beneficio particular.
- Abrir la posibilidad de que los tribunales de familia adopten medidas en casos donde se compruebe el uso de denuncias falsas, incluyendo la revisión de la tuición o custodia.
- Poner límites a la actuación de organismos que prestan servicios al Estado, los cuales —según se dijo en el video— podrían contribuir a prolongar conflictos judiciales con consecuencias personales graves.
Los impulsores del proyecto recalcaron que la iniciativa no apunta a castigar la denuncia en sí, sino a desincentivar la denuncia falsa realizada con dolo.
Presunción de inocencia y filtraciones judiciales
Otro de los puntos abordados fue la crítica a la filtración de antecedentes desde investigaciones en curso, especialmente en causas de alta exposición pública. Según se planteó, estas filtraciones generarían una “condena a priori” que se consolida antes de que exista una sentencia judicial.
En la presentación se sostuvo que este fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres y que el debate no debe abordarse como una confrontación de género, sino como un problema relacionado con el funcionamiento del sistema de justicia y la protección del debido proceso.