Esta madrugada se realizó un operativo en siete regiones del país, coordinado entre la Fiscalía Regional Occidente y la PDI. El procedimiento, en el que participaron más de 500 efectivos policiales, más el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería, tuvo por objetivo desarticular una red de corrupción que operaba, principalmente, al interior de Santiago 1, con ramificaciones en otros centros penitenciarios del país.
Las diligencias incluyeron la ejecución de 78 órdenes de detención, de las cuales, 42 corresponden a gendarmes que, en su mayor parte, cumplen funciones en el penal Santiago 1 y en el CPF de San Joaquín.
El resto de las órdenes corresponden a personas particulares (varias de ellas extranjeras) que manejaban, en coordinación con los funcionarios de Gendarmería un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos al interior de los recintos penales.
Si bien la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la Región Metropolitana, el operativo también incluyó actuaciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
La investigación en esta causa se inició en mayo de 2025 y se da en el marco del denominado Foco Penitenciario, que esta Fiscalía Regional encabeza en la Región Metropolitana desde 2024.
La indagación, dirigida por el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en conjunto con un equipo conformado especialmente para investigar estos hechos que integran dos Fiscales Adjuntos, un abogado asesor y dos analistas, logró acreditar la existencia de diversas agrupaciones criminales vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado cometidos al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el período 2022-2025.
Agrupaciones criminales
En el marco de la indagación, se logró establecer que en el CDP Santiago Uno, y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que se valen del soborno y del cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos. Junto con ello, se pudo establecer el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas, todo ello al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables
La investigación pudo detectar que en las afueras de dichos recintos penitenciarios operan al menos siete agrupaciones criminales, conocidas como “Manillas”, y a cuyos integrantes se les denomina “Manilleros”, varias de ellas conformadas por ciudadanos extranjeros. Dichas bandas de manilleros, coludidos con gendarmes, envían diversas especies al interior de los establecimientos, para lo cual pagan a los funcionarios, mediante la entrega de recursos directos o de especies, o a través de transferencias de dinero. Las cifras varían dependiendo del tipo de elemento prohibido que se ingresa y van desde los $10.000 a los $ 400.000.
Los gendarmes que participan de estas agrupaciones, en tanto, utilizan esos dineros para sí o para terceros, ocultando el origen ilícito de dichos recursos mediante la compra de vehículos e inmuebles. Junto con ello, utilizan a testaferros (parejas o familiares), para ocultar el origen de los dineros.
El operativo concluyó con la detención de 66 detenidos, de los cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Junto con ello, se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
Formalización y delitos investigados
Los detenidos en este masivo operativo serán presentados ante el 12vo Juzgado de Garantía de Santiago el viernes 19 de diciembre para su formalización. Entre los delitos investigados están el de agrupación criminal; infracciones patrimoniales; cohecho (simple y agravado); y soborno.
El director de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró que esta fue una investigación muy especializada, de ya más de un año de desarrollo, “pero que permitió hacer una extensión reconstructiva a lo menos al 2022, logrando establecer esta estructura criminal bajo los delitos ya planteados como sobornos, cohechos, delitos patrimoniales, ingresos de artefactos prohibidos, infracción ley 20.000″.
Por otro lado, puntualizó que la indagatoria fue “muy compleja por los lugares, por las vinculaciones que tenían, por la cantidad de transacciones que hubo que revisar hasta este momento. Los flujos que se transaron o que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos y a lo menos la mitad de ese monto solamente en cohechos y sobornos estuvo vinculado, sin considerar aquellas vinculaciones o aquellos flujos que fueron en efectivo que son de difícil trazabilidad”.