Este miércoles el Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para cuatro exintegrantes del Ejército imputados por el delito de apremios ilegítimos, en el marco del denominado caso conscriptos, investigación que indaga graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el servicio militar y que tiene como uno de sus ejes la muerte del conscripto Franco Vargas.
La medida cautelar más gravosa fue aplicada al exteniente Villanueva, al exteniente Claudio Guajardo, al exsubteniente Bastián Troncoso y al excabo enfermero militar de combate Manuel Zambrano, quienes permanecerán privados de libertad mientras se desarrolla la investigación. En tanto, el excapitán Michael Fritz quedó sujeto a la medida de arresto domiciliario total.
Durante la audiencia de formalización, la magistrada revisó de manera detallada los antecedentes atribuidos a cada imputado y sostuvo que el fallecimiento de Franco Vargas se produjo como consecuencia de una miocarditis viral asociada a un cuadro de isquemia. Sin embargo, subrayó que los hechos deben entenderse dentro de una “frecuencia de omisiones”, apuntando a la falta de acción, supervisión y control por parte de los mandos responsables.
En relación con los conscriptos Bayron Alarcón, Lucas Gamboa y Ariel Hindo, quienes resultaron con lesiones graves y gravísimas, el tribunal enfatizó la marcada asimetría jerárquica existente entre las víctimas y los imputados, lo que habría facilitado la comisión de los hechos investigados. Asimismo, la jueza cuestionó duramente los denominados “aporreos” realizados durante la instrucción militar, señalando que estas prácticas no cuentan con regulación normativa y no pueden justificarse dentro de un proceso formativo.
La magistrada también relevó las severas consecuencias físicas y psicológicas que aún enfrentan las víctimas, entre ellas fallas multiorgánicas, amputaciones y trastornos de salud mental, elementos que fueron considerados al momento de decretar las medidas cautelares. En ese contexto, destacó especialmente la conducta atribuida al exteniente Villanueva, quien además quedó sujeto a la medida de arraigo nacional, reforzando la necesidad de asegurar su comparecencia durante el proceso judicial.