La Contraloría General de la República (CGR) detectó que, entre 2023 y 2024, la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) —más conocida como “Tía Rica”— aplicó un control débil en sus operaciones, lo que permitió que personas con antecedentes penales acudieran a empeñar bienes en sus sucursales distribuidas a lo largo del país.
El organismo fiscalizador señaló que la entidad, al no exigir requisitos más allá de ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad, habría aceptado prendas sin verificar adecuadamente su procedencia.
En algunos casos, incluso se constató que clientes utilizaron el servicio hasta 230 veces en un año, lo que podría indicar un uso recurrente por parte de quienes no están autorizados o cuyos antecedentes generan cuestionamientos.
El informe N° 400 de 2025 detalló que “según los sistemas del servicio, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona”.
Se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. “Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes”, aseguró la CGR.
La advertencia de Contraloría se enmarca en sus facultades de supervisión sobre servicios públicos y busca que se fortalezca la gestión de riesgos y los controles internos de la Dicrep para evitar posibles perjuicios a la probidad y al uso de bienes de dudosa procedencia.
Ante estos hechos, la Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y remitió el informe al Ministerio Público. Además, ordenó a la Dicrep fortalecer sus controles, lo que será revisado en un próximo seguimiento.