El operativo que mantuvo en vilo a Gendarmería durante semanas entró en su fase decisiva. Durante la tarde de este jueves se confirmó que los últimos tres gendarmes con órdenes de detención pendientes se entregaron a la justicia, cerrando definitivamente el cerco policial de la denominada “Operación Apocalipsis”.
Con esta acción, la Fiscalía logró completar la nómina total de imputados vinculados a una compleja red de corrupción que operaba al interior del sistema penitenciario, dando paso a una jornada judicial que ya es considerada histórica.
Una jornada clave en tribunales
Con el escenario despejado, este viernes a las 9:00 horas se desarrollará una audiencia masiva de formalización de cargos en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. La magnitud del caso obligó a una coordinación especial entre el Ministerio Público, el tribunal y las policías, debido al alto número de imputados que comparecerán simultáneamente.
Se trata de un hecho poco habitual en el sistema judicial chileno, tanto por la cantidad de personas involucradas como por la naturaleza de los delitos investigados.
Cifras que dimensionan el escándalo
Según confirmó la Fiscalía Occidente, 70 imputados enfrentarán a la justicia en esta etapa procesal. El detalle del caso revela el alcance de la red criminal desarticulada:
- 47 gendarmes, funcionarios públicos acusados de facilitar y encubrir operaciones ilícitas al interior de distintos recintos penitenciarios.
- 23 civiles, personas externas que formaban parte de la estructura delictiva y que habrían actuado como nexos o beneficiarios de las gestiones ilegales.
La investigación apunta a una organización con roles definidos y funcionamiento sostenido en el tiempo.
Delitos graves y causa bajo reserva
Entre los ilícitos que se indagan se encuentran el ingreso de drogas y teléfonos celulares a las cárceles, además de la entrega de beneficios carcelarios a cambio de pagos, lo que habría debilitado gravemente los controles internos del sistema penitenciario.
Debido a la gravedad de los hechos y a la complejidad de la investigación, la Fiscalía determinó que la causa sea declarada “en reserva y con secreto reforzado”. Esto implica que durante la audiencia no se revelarán públicamente detalles específicos de las pruebas ni la identidad de testigos protegidos.
Un caso que marca precedente
Las autoridades buscan con estas medidas evitar filtraciones, proteger a quienes colaboran con la investigación y asegurar el éxito de la persecución penal.
La audiencia de este viernes definirá los primeros cargos y marcará un precedente en el combate a la corrupción dentro de instituciones clave del Estado.