Un nuevo golpe contra el fraude en el sistema de salud público se concretó esta semana luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a siete personas, seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud, acusadas de participar en la emisión masiva de licencias médicas irregulares a funcionarios públicos. La investigación reveló un perjuicio fiscal que supera los $20.800 millones, afectando directamente a Fonasa.
El procedimiento fue encabezado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, tras una indagatoria que se extendió por varios meses. Según los antecedentes recabados, los profesionales detenidos fueron catalogados como “grandes emisores” de licencias médicas, muchas de las cuales carecían de respaldo clínico real.
Entre los años 2021 y 2024, los imputados habrían emitido un total de 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron efectivamente pagadas por el sistema público. Estas licencias permitieron que cientos de funcionarios accedieran a reposos médicos mientras realizaban actividades incompatibles con dicha condición, como viajes al extranjero o visitas a casinos dentro del país.
El origen de la investigación se remonta a informes elaborados por la Contraloría General de la República, que detectaron irregularidades tras cruzar bases de datos de distintos organismos del Estado. En ese análisis se evidenció que miles de funcionarios públicos con licencia médica salieron del país o realizaron actividades recreativas prohibidas durante su supuesto reposo, lo que encendió las alertas de los entes fiscalizadores.
Con estos antecedentes, el Ministerio Público profundizó las diligencias y logró identificar a los médicos que estarían detrás de la emisión sistemática de estos documentos fraudulentos. Las detenciones se realizaron principalmente en la Región Metropolitana, aunque también hubo operativos en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, y en Quillota, Región de Valparaíso.
Todos los detenidos serán formalizados durante esta jornada por delitos vinculados a la emisión de licencias médicas falsas y la obtención fraudulenta de subvenciones. Además, la Fiscalía solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos que habrían adquirido estas licencias de manera irregular.
Entre los imputados se encuentran los médicos Manuel Tejera Altamar, Einer Ramírez Flores y Edgar Camelo León, de nacionalidad colombiana; Roger Sebastián Llapo, peruano; Krissy Mora Duarte, venezolana; y Mayra De la Fuente Aguilar, cubana.
El fiscal Álvaro Pérez explicó que el fraude se articulaba mediante la creación de centros médicos sin funcionamiento real, utilizados como fachada para la emisión de licencias electrónicas. “Personas de nacionalidad extranjera crean estos centros médicos, previa concertación también con médicos de nacionalidad extranjera. Son incorporados a estos centros médicos. Son enrolados en los operadores de licencias médicas electrónicas y se emiten estas sin existir un fundamento médico real”, señaló, según consignó BioBioChile.
Durante los allanamientos se incautaron computadores, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, talonarios de recetas médicas y un dispositivo POS, utilizado presuntamente como medio de recaudación de los pagos por las licencias.
De ser declarados culpables, los imputados arriesgan penas que parten desde los 5 años y 1 día de cárcel, las que podrían aumentar según la gravedad de los antecedentes y el monto del daño fiscal acreditado.