Con la llegada de la temporada estival, las piscinas comunitarias vuelven a ser protagonistas en edificios y condominios. Sin embargo, junto con el uso recreativo, también surgen dudas sobre las exigencias legales vigentes y las acciones mínimas que permiten prevenir accidentes. La normativa existe, pero su aplicación y conocimiento siguen siendo un desafío para muchas comunidades.
A pocos días del inicio oficial del verano, la habilitación de piscinas en comunidades residenciales reabre una interrogante recurrente: ¿qué obligaciones concretas deben cumplir estos espacios y qué medidas básicas ayudan a evitar situaciones de riesgo?
La respuesta está en el Decreto N°209, normativa que regula las piscinas de uso público restringido, categoría en la que se incluyen las de condominios, hoteles, gimnasios e instituciones. Este decreto fija estándares mínimos en materia de seguridad, mantención e higiene, cuyo objetivo es resguardar la salud y la integridad de los usuarios.
Lo que exige la normativa sanitaria
Entre las principales obligaciones se encuentra la necesidad de contar con un área destinada a primeros auxilios, realizar controles diarios de cloro y otros parámetros del agua para asegurar condiciones sanitarias adecuadas, y utilizar materiales y superficies diseñadas para reducir el riesgo de caídas, golpes o resbalones.
Si bien la normativa no exige la presencia obligatoria de un salvavidas, sí establece la obligación de instalar señalética visible con horarios de funcionamiento, aforo permitido y normas de uso y seguridad. Además, toda piscina debe contar con la autorización correspondiente de la Seremi de Salud para poder operar.
Falta de información: el principal obstáculo
Para Guillermo Márquez, gerente de Tecnología de Edifito, uno de los principales problemas es que muchas comunidades sólo toman conciencia de estas exigencias cuando ocurre un accidente o una fiscalización.
“El Decreto 209 existe hace años, pero en la práctica no todas las comunidades lo internalizan. Las normas no buscan burocracia: buscan reducir riesgos reales. Un letrero visible, un control sanitario diario o una zona de primeros auxilios pueden marcar la diferencia en una emergencia”, indicó.
Según Márquez, esta situación se repite cada temporada estival, cuando aumenta la presión por habilitar las piscinas rápidamente.
“Cada diciembre vemos las mismas preguntas: qué permiso falta, qué controles son obligatorios, qué debe informar el administrador. El problema no es la norma, sino la falta de información oportuna. Las comunidades necesitan entender que la seguridad no es optativa”, agregó.
Más allá de la ley: prevención cotidiana
Cumplir con la normativa es sólo el primer paso. Especialistas coinciden en que la prevención efectiva requiere sumar prácticas de seguridad básicas que pueden evitar accidentes graves, especialmente en el caso de niños.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran la supervisión permanente de adultos, ya que ningún dispositivo reemplaza la vigilancia directa; vaciar las piscinas inflables después de su uso, considerando que incluso pocos centímetros de agua representan un riesgo; e instalar rejas de protección de al menos 1,5 metros de altura, con barrotes estrechos y puertas con seguro.
También se aconseja mantener el entorno despejado, evitando objetos que faciliten el acceso no supervisado al agua; utilizar chalecos salvavidas certificados por la Armada, bien ajustados y de colores visibles; y promover el aprendizaje de RCP, ya que la reanimación cardiopulmonar puede ser clave en los primeros minutos de una emergencia por inmersión.
Seguridad como responsabilidad compartida
Para Márquez, la clave está en combinar el cumplimiento de la normativa con una verdadera cultura preventiva al interior de las comunidades.
“El rol de la comunidad es anticiparse. La mayoría de los accidentes en piscinas se pueden evitar con información clara, supervisión y señalización. La seguridad no depende solo del administrador; es una responsabilidad compartida”, concluyó.