La reciente designación de Patricia Muñoz, ex Defensora de la Niñez, como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas desató una controversia política que ya escaló al plano institucional. La bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó un oficio de fiscalización ante la Contraloría General de la República (CGR) para que evalúe la legalidad, eficacia administrativa y oportunidad del acto de nombramiento.
El nuevo servicio fue creado con el objetivo de entregar atención integral a víctimas de delitos, especialmente en un contexto marcado por la crisis de seguridad y la demanda ciudadana por mayor protección y acompañamiento del Estado.
Críticas directas al Gobierno
De acuerdo con información de Biobio Chile, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, fue especialmente duro con el Ejecutivo. A su juicio, “el presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura”.
El parlamentario fue más allá al afirmar que “el presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”, cuestionando el criterio político detrás de la designación.
Licencia médica y etapa fundacional
Uno de los ejes centrales del oficio presentado ante la CGR apunta a la situación personal de Patricia Muñoz, quien se encuentra cursando un embarazo avanzado. Según los diputados, esta condición implica una licencia médica prolongada que afectaría directamente la conducción del servicio en su fase inicial.
En el documento se advierte que esta situación “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa”. Además, subrayan que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio”.
“Jugar con las víctimas”
La subjefa de bancada, Carla Morales, reforzó las críticas poniendo el foco en el impacto social del nombramiento. Sostuvo que “la Defensoría de las Víctimas es un órgano que se persiguió por años y que responde no sólo a una necesidad en el marco de la crisis de seguridad, sino incluso a un mandato constitucional”.
En un tono aún más severo, la diputada acusó que “este Gobierno no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y apernar a los amigos”. Añadió que la situación “es de lo más bajo que hemos visto, y eso es harto decir después de estos 4 años”.
Interés público y principios administrativos
Finalmente, RN solicitó a la Contraloría evaluar si el nombramiento se ajusta a los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento del Estado. A juicio de los parlamentarios, el caso “no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva formal del acto de nombramiento, sino que debe ponderarse a la luz de su eficacia real y del cumplimiento del interés público comprometido”.