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Piden renuncia de director de “Tía Rica” tras informe de Contraloría que detectó empeños de personas con antecedentes penales

Se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas.

Cristóbal Sepúlveda Miranda
Cristóbal Sepúlveda Miranda Captura Dicrep

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social pidió la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda. Esto, luego de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que personas con antecedentes penales pudieron empeñar bienes en la institución sin los controles adecuados.

Precisaron que “el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso”.

El informe de Contraloría

El informe de Contraloría, correspondiente a una fiscalización realizada entre 2023 y 2024, concluyó que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) no aplicó mecanismos suficientes para verificar la procedencia de los objetos empeñados ni estableció filtros para impedir que personas con antecedentes judiciales accedieran al servicio, lo que podría facilitar el lavado de bienes o el uso del sistema con fines delictivos.

El organismo fiscalizador señaló que la entidad, al no exigir requisitos más allá de ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad, habría aceptado prendas sin verificar adecuadamente su procedencia.


En algunos casos, incluso se constató que clientes utilizaron el servicio hasta 230 veces en un año, lo que podría indicar un uso recurrente por parte de quienes no están autorizados o cuyos antecedentes generan cuestionamientos.

El informe N° 400 de 2025 detalló que “según los sistemas del servicio, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona”.

Se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. “Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes”, aseguró la CGR.

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