La Fiscalía continúa revelando graves antecedentes en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, investigación que destapó una red de corrupción al interior de diversos recintos penitenciarios del país y que mantiene a 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles imputados. Según los nuevos antecedentes expuestos durante la formalización, los hechos no solo involucrarían pagos en dinero, sino también presuntos favores sexuales como forma de pago.
De acuerdo con la indagatoria, algunos gendarmes corruptos cobraban distintos montos a los internos y a sus entornos familiares para facilitar una serie de beneficios irregulares. Entre estos, se incluía la venta de teléfonos celulares a precios inflados, el cobro por recuperar dispositivos requisados, la comercialización de alimentos y el permitir el ingreso de objetos ilícitos a través de los denominados “pelotazos”, lanzamientos desde el exterior hacia el interior de los penales.
Asimismo, la Fiscalía investiga un mecanismo paralelo destinado a autorizar visitas irregulares, incluso de personas que, por normativa vigente, no podían ingresar a los recintos penitenciarios. Este sistema era gestionado por civiles conocidos como “manilleros”, quienes actuaban en coordinación con funcionarios uniformados.
Uno de los testimonios más sensibles corresponde al relato de la pareja de un interno, una mujer inmigrante en situación migratoria irregular, quien declaró no poder enrolarse formalmente para realizar visitas ni enviar encomiendas. Según su testimonio, conoció a civiles que ofrecían gestionar ingresos ilegales a cambio de pagos que ascendían a 60 mil pesos por visita.
Sin embargo, la denunciante afirmó que en reiteradas ocasiones se le habría propuesto otra forma de pago. Según declaró ante el Ministerio Público, el jefe de los “manilleros” le indicó que, en caso de no contar con dinero, podía pagar manteniendo relaciones sexuales, ya sea con él o con funcionarios de Gendarmería, para permitir su ingreso como visita irregular o facilitar el ingreso de encomiendas ilícitas.
Estas declaraciones se ven reforzadas por escuchas telefónicas incorporadas a la investigación, donde se sugiere que algunos funcionarios habrían planteado explícitamente esta modalidad a parejas de reos.
La Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para determinar eventuales delitos de cohecho, asociación ilícita y explotación sexual, en una de las investigaciones más graves que ha enfrentado el sistema penitenciario chileno en los últimos años.