La Contraloría General de la República (CGR) alertó acerca de un profundo desorden financiero que afecta a diversos ministerios y municipalidades del país, acumulando más de US$17.300 millones —equivalentes a casi un sexto del presupuesto público de 2026— en recursos cuya información contable no pudo ser validada por falta de evidencia y control adecuado.
El hallazgo- informado por El Mercurio- forma parte del Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) del organismo, que analizó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, incluyendo 50 del Gobierno Central y 23 del sector municipal. En todos los casos fiscalizados se registró una “abstención de opinión”, lo que significa que los auditores no lograron confirmar que las cifras contenidas en los informes financieros sean razonables y confiables.
Según la Contraloría, esta situación se explica por debilidades estructurales en el control interno, inconsistencias en los registros contables, falta de análisis que respalde los saldos reportados y deficiencias en la evidencia documental presentada por las instituciones, lo que impidió verificar la correcta utilización de los recursos públicos.
Del total de recursos involucrados —que en términos locales equivalen a unos $15,9 billones— alrededor del 91 % correspondería a organismos del Gobierno Central y el 9 % restante a municipios, lo que pone en evidencia la magnitud de las falencias en la administración financiera del Estado.
La revisión incluyó la evaluación de partidas como transferencias, cuentas por cobrar, activos no acreditados y gastos sin respaldo contable adecuado, entre otros aspectos que dificultan la transparencia y la rendición de cuentas. La Contraloría advirtió que estas deficiencias no solo limitan la capacidad de evaluar la gestión pública, sino que potencialmente debilitan la confianza ciudadana en la administración del Estado.