Impacto y consternación ha generado en el mundo del espectáculo la detención del influencer y manager chileno Jorge Matter, acusado de una serie de delitos de alta gravedad vinculados a explotación sexual infantil, abuso sexual y tráfico de drogas, varios de ellos con menores de edad como víctimas.
El imputado, cuyo nombre legal es Jorge Morales Iter, fue arrestado tras una investigación liderada por la Fiscalía Local de Iquique, en conjunto con personal especializado del OS9 de Carabineros. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos investigados se habrían extendido entre los años 2021 y 2025.
Según explicó la fiscal Camila Albarracín durante la audiencia de formalización, Morales habría contactado de manera reiterada a una víctima que tenía 13 años al inicio de los hechos, ofreciéndole drogas a cambio de interacciones de carácter sexual, según consignó El Sol de Iquique. La investigación sostiene que el imputado aprovechó su posición de adulto y su cercanía con ambientes nocturnos para facilitar el acceso del menor a alcohol, sustancias ilícitas y objetos de alto valor.
Con el paso del tiempo, las conductas habrían escalado en gravedad. El imputado comenzó a trasladar al menor a distintos domicilios, donde se consumían drogas y se elaboraba la sustancia conocida como “tusi”, presuntamente destinada a su comercialización. En al menos tres ocasiones, la víctima habría quedado inconsciente o incapacitada para oponerse, contextos en los que se habrían cometido abusos sexuales y violación.
La persecutora también indicó que se investiga la eventual difusión y almacenamiento de material de explotación sexual infantil. Para ello, durante los allanamientos realizados el miércoles 24 de diciembre en dos domicilios, se incautaron diversos dispositivos electrónicos que serán periciados, además de elementos asociados a la producción de drogas, utensilios con rastros positivos de ketamina y más de 2,6 gramos de dicha sustancia.
El caso fue denunciado en mayo de este año por un programa de la red de protección de la infancia, lo que permitió activar los protocolos de investigación. La fiscal Albarracín no descartó la existencia de nuevas víctimas y realizó un llamado público a denunciar, señalando que organismos especializados han aportado antecedentes que refuerzan esa hipótesis.
Finalmente, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, considerando el peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. Se fijó un plazo de investigación de 150 días mientras continúan las diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos.