Gendarmería de Chile confirmó un nuevo error administrativo ocurrido en la Región Metropolitana que derivó en la liberación de un imputado que debía cumplir prisión preventiva, sumando un nuevo episodio a una serie de fallas recientes en el sistema penitenciario.
De acuerdo con un comunicado oficial, el hecho se registró el pasado 24 de diciembre, luego de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago emitiera una orden de ingreso a prisión preventiva contra un imputado. Sin embargo, dicha instrucción judicial no fue ejecutada por el personal de Gendarmería a cargo, lo que provocó que la persona quedara en libertad, pese a que debía ser privada de libertad de manera inmediata.
Tras detectar la irregularidad, la institución informó que se adoptaron medidas administrativas contra el funcionario responsable, quien fue apartado de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Desde Gendarmería señalaron que la decisión busca marcar un precedente claro frente a este tipo de situaciones. “Esta acción es un claro mensaje de que no permitiremos que errores administrativos comprometan la integridad del sistema judicial”, indicaron.
Asimismo, recalcaron la gravedad del hecho y confirmaron que se dio aviso inmediato al Ministerio Público. “Esta grave falta no será tolerada. Se notificó de inmediato al Ministerio Público para que inicie la indagatoria correspondiente, en la que Gendarmería cooperará plenamente para esclarecer cada detalle de este incidente inaceptable”, agregaron desde la institución.
Este nuevo caso ocurre a solo semanas de otro error carcelario que generó fuerte polémica pública. En esa ocasión, un interno del Complejo Penitenciario de Rancagua fue liberado sin que existiera una orden judicial que autorizara su salida. Gendarmería reconoció que la liberación se produjo por una mala interpretación de un documento emitido por el tribunal, situación que derivó en la apertura de investigaciones administrativas y penales.
Ambos episodios han vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los protocolos internos, mejorar los sistemas de control y evitar que errores administrativos sigan afectando la correcta ejecución de las resoluciones judiciales.