La controversia en torno a la rápida operación a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, continúa escalando y suma ahora una nueva arista judicial. Parlamentarios de oposición anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue un eventual tráfico de influencias, en un caso que ya genera amplio impacto político y cuestionamientos al sistema de salud pública.
El hecho se remonta al pasado 23 de diciembre, cuando la madre de la autoridad ingresó de urgencia al Hospital del Salvador tras sufrir una fractura de cadera. Según los antecedentes conocidos, la cirugía se concretó en un plazo significativamente menor al habitual para este tipo de intervenciones, lo que levantó suspicacias respecto de los criterios utilizados para priorizar su atención.
De acuerdo con lo informado, la decisión de adelantar la operación habría sido adoptada a través de un procedimiento administrativo, situación que motivó a parlamentarios de la UDI a oficiar a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría al recinto asistencial y esclarecer posibles irregularidades en la gestión hospitalaria.
La polémica se intensificó luego de que un reportaje de T13 revelara que otro paciente habría sido postergado para permitir el ingreso de la madre de la ministra a pabellón. Dicho paciente, según los antecedentes difundidos, falleció tres días después, lo que aumentó la presión política para que se investiguen responsabilidades.
En este contexto, el diputado Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía. “Se necesita certeza de lo que realmente sucedió. No puede ser que, según investigaciones periodísticas, se hayan postergado cirugías similares a once personas mientras la madre de la ministra era operada de forma expedita”, afirmó el parlamentario, quien además planteó la posibilidad de conformar una comisión investigadora.
Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayu sostuvo que resulta “ineludible” que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio, no solo por un eventual tráfico de influencias, sino también por la gravedad que implica la muerte de un paciente cuya atención habría sido retrasada.
En tanto, desde el oficialismo, el diputado Héctor Barría (DC) señaló que esperan contar prontamente con los antecedentes solicitados tanto a la Contraloría como a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con el fin de evaluar eventuales medidas. Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) subrayó la necesidad de acceder a una auditoría médica completa que permita reconstruir detalladamente la secuencia de los hechos.
La situación mantiene a la ministra Aguilera bajo creciente escrutinio público, mientras se aguarda el resultado de las diligencias administrativas y judiciales anunciadas.